Por: Hubert Ballesteros Gómez
Una constitución es un pacto social fundado por el poder constituyente primario. Para que sea legítimo, en esté deben converger los diferentes sectores de la sociedad, dando lugar a un acuerdo que permite la coexistencia de ellos; en él fijan sus aspiraciones económicas, políticas, sociales y culturales y se establecen mecanismos para que los derechos plasmados en dicha constitución sean garantizados a los ciudadanos.
Colombia es de los pocos países del hemisferio occidental que aún no termina de constituirse como nación y como república. Ha pasado de un siglo a otro sin resolver sus contradicciones fundamentales: Del siglo XVIII al siglo XIX pasamos buscando nuestra libertad de la opresión española; del siglo XIX al siglo XX en una guerra civil denominada de los mil días y del siglo XX al siglo XXI tratando de resolver un conflicto social armado con más de cincuenta años de duración y con hondas raíces económicas, políticas y sociales.
La tradición constitucional nos enseña que éstas existen precisamente para dotar a la nación de instrumentos políticos y jurídicos que permitan prevenir y resolver todos estos conflictos. Hoy cuando de nuevo nos aprestamos a que este largo conflicto se resuelva mediante una solución política dialogada, los cambios constitucionales se convierten en un imperativo ético y político.
Podrán algunos argumentar, que una Constitución que no cumple un cuarto de siglo es aún muy joven y en eso pueden tener razón, pero no debemos olvidar que esta constitución tiene un corazón socialdemócrata que mira hacia la izquierda en cuanto al enunciado de los derechos, pero un bolsillo dirigido hacia los intereses de la derecha haciéndola profundamente neoliberal. Situación agravada por el hecho de haber sido reformada cerca de setenta y cinco veces en los últimos veinte años mediante actos legislativos con los cuales se ha afianzado este modelo económico.
La necesidad de una Asamblea Constituyente que nos provea de un nuevo pacto social, no resulta exclusivamente de los diálogos de paz que se realizan en la Habana; deviene de la crisis económica, política, social e institucional que tiene a nuestro país como un Estado inviable. Crisis estructural que se profundiza día a día y que los paliativos del gobierno no logra conjurar.
Un país con un conflicto social armado de más de cincuenta años que el gobierno quiere resolver sin realizar cambios que permitan remover sus causas no podrá alcanzar la paz; por el contrario, la pobreza la corrupción administrativa, la falta de inclusión política, el marginamiento social, la violencia de todo tipo y unas instituciones incapaces de responder a las expectativas de los ciudadanos en salud, educación, empleo, vivienda, seguridad etc., agregarán permanentemente nuevos elementos causales al conflicto.
En los últimos doce (12) años, el establecimiento ha pretendido hacernos creer que es posible acabar con el conflicto social y armado sin generar los cambios económicos, políticos e institucionales requeridos para lograrlo, para ello, emprendieron la guerra total en los ocho años del gobierno Uribe y ante el fracaso de la estrategia de guerra, la oligarquía decidió emprender un diálogo de paz con la insurgencia de las FARC-EP, que a pesar de los obstáculos aún continua, y con el cual, el establecimiento pretende obtener un sometimiento de las guerrillas sin generar cambios en el modelo económico y el sistema político.
En el reciente pasado fuimos testigos de un fracasado proceso de sometimiento a la justicia de los grupos paramilitares que posterior a la extradición de sus jefes mutaron en cientos de pequeñas bandas que ejercen hoy el control sobre la economía ilegal del narcotráfico y sobre buena parte de la economía legal mediante el cobro de vacunas a cuanta actividad económica se desarrolla en muchas ciudades del país.
Pero el conflicto social armado, la violencia social y narco-paramilitar nos son los únicos problemas que enfrentamos los colombianos. Podemos decir sin equivocarnos que la crisis es mucho más profunda de lo que se cree y toca todos los estamentos del sistema.
La oligarquía que gobierna este país en beneficio del sistema financiero y las empresas transnacionales, maquilla las cifras sobre desempleo, ingresos y pobreza tratando de mantener una gobernabilidad que cada vez es más precaria.
La mercantilización de la salud, la educación, la seguridad social y todos los servicios que debería prestar el Estado, la crisis en la justicia, la pérdida de credibilidad en los partidos políticos, el congreso, los órganos de control y las fuerzas armadas y de policía han conducido a un estado de descontento y movilización social permanente.
Son muchos los espacios creados por fuera de la institucionalidad que hoy no solo discuten la problemática del país sino que además buscan resolverla. En muchos de ellos el Estado ha sido remplazado de hecho en temas como seguridad, legislación, medio ambiente, convivencia, reforma agraria, reforma urbana, justicia y otros de similar importancia.
¿Cómo explicar que después de la expedición de una nueva constitución (1991) en donde se exponen ampliamente los DD.HH., de primera, segunda y tercera generación se desate la más feroz persecución contra la oposición política y se entre de lleno a privatizar sin ninguna consideración los bienes y servicios públicos que estaban bajo la responsabilidad del Estado?
Lo que debería haberse logrado con la Constitución del 91, aún está por hacerse. La democracia participativa, la garantía de la aplicación de los Derechos Humanos, el desarrollo económico y social de las mayorías, el ordenamiento territorial, la descentralización política y administrativa con garantía de recursos, la protección del medio ambiente, el reconocimiento de los derechos de la mujer y la paz, son objetivos de toda sociedad que en nuestro caso están por alcanzarse.
Como podemos ver los resultados que se previeron o se soñaron no se han cumplido y están sufriendo constantes reveses.
Ante la falta de voluntad de la clase dirigente, para implementar los cambios, aparece, como reacción lógica la resistencia al ejercicio abusivo del poder, bajo formas pacíficas o violentas, que adquieren mayor grado de profundidad de acuerdo con las herramientas represivas que se utilicen o con el grado de conciencia desarrollado en el seno de la sociedad.
Este conjunto de situaciones problemáticas sumadas a las diversas formas de resistencia y descontento que se presentan en diversos sectores de la sociedad y que han llevado al desconocimiento del Estado y sus instituciones, configuran, sin lugar a dudas, un MOMENTO CONSTITUYENTE. Se nota en muchas regiones y sectores sociales del país que la nación está tratando aún de constituirse, que las viejas formas del régimen político Liberal-Conservador que excluyen a las mayorías y el modelo económico generador de pobreza y explotación ya no son aceptados y se hace necesario reconstruir nuestra nación sobre bases nuevas.
Esas nuevas bases, por supuesto, no vendrán del poder constituido pues éste representa una minoría oligárquica y parásita que desea mantener el estatus quo en favor del cual legisla y ejecuta normas que solo favorecen sus propios intereses y los del capital transnacional.
Solo del poder constituyente primario podrán venir los cambios que nuestro pacto social requiere para superar la crisis que padecemos desde nuestra constitución como república en 1819.
Desatar ese poder constituyente para que se convierta en fuerza arrolladora debe ser una tarea de todos los demócratas y amantes de la paz. Urge avanzar en un proceso constituyente que comprometa todos los sectores y regiones de nuestro país, que discuta y apruebe el contenido de ese pacto social que nos funde y nos presente ante el mundo como una nación soberana, democrática y con justicia social. Una sociedad donde se erradiquen todas las discriminaciones, se destierren todas las formas de violencia contra la oposición y donde la paz sea, en verdad, el bien más preciado de todos los ciudadanos.
Necesitamos conformar ese grupo o movimiento de personas que pueda desatar ese poder. La mayoría de las anteriores reformas constitucionales fueron convocadas y realizadas por las élites políticas para favorecer intereses de una minoría, salvo la constituyente del 91 que fue impulsada por algunos sectores sociales y en cuya asamblea se permitió una tibia representación de sectores no oligárquicos; pero la nueva Constitución, debe ser el resultado de la más amplia participación popular y corresponde al pueblo lograr su convocatoria.
Si el presente es de lucha, el futuro será socialista.
Hubert Ballesteros Gómez
Prisionero Político. Cárcel Nacional la Picota, Pabellón de Alta Seguridad
Bogotá D.C., mayo, 2015
La tradición constitucional nos enseña que éstas existen precisamente para dotar a la nación de instrumentos políticos y jurídicos que permitan prevenir y resolver todos estos conflictos. Hoy cuando de nuevo nos aprestamos a que este largo conflicto se resuelva mediante una solución política dialogada, los cambios constitucionales se convierten en un imperativo ético y político.
Podrán algunos argumentar, que una Constitución que no cumple un cuarto de siglo es aún muy joven y en eso pueden tener razón, pero no debemos olvidar que esta constitución tiene un corazón socialdemócrata que mira hacia la izquierda en cuanto al enunciado de los derechos, pero un bolsillo dirigido hacia los intereses de la derecha haciéndola profundamente neoliberal. Situación agravada por el hecho de haber sido reformada cerca de setenta y cinco veces en los últimos veinte años mediante actos legislativos con los cuales se ha afianzado este modelo económico.
La necesidad de una Asamblea Constituyente que nos provea de un nuevo pacto social, no resulta exclusivamente de los diálogos de paz que se realizan en la Habana; deviene de la crisis económica, política, social e institucional que tiene a nuestro país como un Estado inviable. Crisis estructural que se profundiza día a día y que los paliativos del gobierno no logra conjurar.
Un país con un conflicto social armado de más de cincuenta años que el gobierno quiere resolver sin realizar cambios que permitan remover sus causas no podrá alcanzar la paz; por el contrario, la pobreza la corrupción administrativa, la falta de inclusión política, el marginamiento social, la violencia de todo tipo y unas instituciones incapaces de responder a las expectativas de los ciudadanos en salud, educación, empleo, vivienda, seguridad etc., agregarán permanentemente nuevos elementos causales al conflicto.
En los últimos doce (12) años, el establecimiento ha pretendido hacernos creer que es posible acabar con el conflicto social y armado sin generar los cambios económicos, políticos e institucionales requeridos para lograrlo, para ello, emprendieron la guerra total en los ocho años del gobierno Uribe y ante el fracaso de la estrategia de guerra, la oligarquía decidió emprender un diálogo de paz con la insurgencia de las FARC-EP, que a pesar de los obstáculos aún continua, y con el cual, el establecimiento pretende obtener un sometimiento de las guerrillas sin generar cambios en el modelo económico y el sistema político.
En el reciente pasado fuimos testigos de un fracasado proceso de sometimiento a la justicia de los grupos paramilitares que posterior a la extradición de sus jefes mutaron en cientos de pequeñas bandas que ejercen hoy el control sobre la economía ilegal del narcotráfico y sobre buena parte de la economía legal mediante el cobro de vacunas a cuanta actividad económica se desarrolla en muchas ciudades del país.
Pero el conflicto social armado, la violencia social y narco-paramilitar nos son los únicos problemas que enfrentamos los colombianos. Podemos decir sin equivocarnos que la crisis es mucho más profunda de lo que se cree y toca todos los estamentos del sistema.
La oligarquía que gobierna este país en beneficio del sistema financiero y las empresas transnacionales, maquilla las cifras sobre desempleo, ingresos y pobreza tratando de mantener una gobernabilidad que cada vez es más precaria.
La mercantilización de la salud, la educación, la seguridad social y todos los servicios que debería prestar el Estado, la crisis en la justicia, la pérdida de credibilidad en los partidos políticos, el congreso, los órganos de control y las fuerzas armadas y de policía han conducido a un estado de descontento y movilización social permanente.
Son muchos los espacios creados por fuera de la institucionalidad que hoy no solo discuten la problemática del país sino que además buscan resolverla. En muchos de ellos el Estado ha sido remplazado de hecho en temas como seguridad, legislación, medio ambiente, convivencia, reforma agraria, reforma urbana, justicia y otros de similar importancia.
¿Cómo explicar que después de la expedición de una nueva constitución (1991) en donde se exponen ampliamente los DD.HH., de primera, segunda y tercera generación se desate la más feroz persecución contra la oposición política y se entre de lleno a privatizar sin ninguna consideración los bienes y servicios públicos que estaban bajo la responsabilidad del Estado?
Lo que debería haberse logrado con la Constitución del 91, aún está por hacerse. La democracia participativa, la garantía de la aplicación de los Derechos Humanos, el desarrollo económico y social de las mayorías, el ordenamiento territorial, la descentralización política y administrativa con garantía de recursos, la protección del medio ambiente, el reconocimiento de los derechos de la mujer y la paz, son objetivos de toda sociedad que en nuestro caso están por alcanzarse.
Como podemos ver los resultados que se previeron o se soñaron no se han cumplido y están sufriendo constantes reveses.
Ante la falta de voluntad de la clase dirigente, para implementar los cambios, aparece, como reacción lógica la resistencia al ejercicio abusivo del poder, bajo formas pacíficas o violentas, que adquieren mayor grado de profundidad de acuerdo con las herramientas represivas que se utilicen o con el grado de conciencia desarrollado en el seno de la sociedad.
Este conjunto de situaciones problemáticas sumadas a las diversas formas de resistencia y descontento que se presentan en diversos sectores de la sociedad y que han llevado al desconocimiento del Estado y sus instituciones, configuran, sin lugar a dudas, un MOMENTO CONSTITUYENTE. Se nota en muchas regiones y sectores sociales del país que la nación está tratando aún de constituirse, que las viejas formas del régimen político Liberal-Conservador que excluyen a las mayorías y el modelo económico generador de pobreza y explotación ya no son aceptados y se hace necesario reconstruir nuestra nación sobre bases nuevas.
Esas nuevas bases, por supuesto, no vendrán del poder constituido pues éste representa una minoría oligárquica y parásita que desea mantener el estatus quo en favor del cual legisla y ejecuta normas que solo favorecen sus propios intereses y los del capital transnacional.
Solo del poder constituyente primario podrán venir los cambios que nuestro pacto social requiere para superar la crisis que padecemos desde nuestra constitución como república en 1819.
Desatar ese poder constituyente para que se convierta en fuerza arrolladora debe ser una tarea de todos los demócratas y amantes de la paz. Urge avanzar en un proceso constituyente que comprometa todos los sectores y regiones de nuestro país, que discuta y apruebe el contenido de ese pacto social que nos funde y nos presente ante el mundo como una nación soberana, democrática y con justicia social. Una sociedad donde se erradiquen todas las discriminaciones, se destierren todas las formas de violencia contra la oposición y donde la paz sea, en verdad, el bien más preciado de todos los ciudadanos.
Necesitamos conformar ese grupo o movimiento de personas que pueda desatar ese poder. La mayoría de las anteriores reformas constitucionales fueron convocadas y realizadas por las élites políticas para favorecer intereses de una minoría, salvo la constituyente del 91 que fue impulsada por algunos sectores sociales y en cuya asamblea se permitió una tibia representación de sectores no oligárquicos; pero la nueva Constitución, debe ser el resultado de la más amplia participación popular y corresponde al pueblo lograr su convocatoria.
Si el presente es de lucha, el futuro será socialista.
Hubert Ballesteros Gómez
Prisionero Político. Cárcel Nacional la Picota, Pabellón de Alta Seguridad
Bogotá D.C., mayo, 2015
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