Porque seamos sinceros: la cárcel es para los pobres…
porque la persona que tiene plata, puede ser la más mala,
la más dañina, la más corrupta y va para fuera.
Mientras que nosotros los pobres, asi puede ser el más inocente,
Como sucede con mi hijo, cae a la cárcel y allá se queda
hasta que el gobierno -me perdona la expresión-
se le da la gana de tenerlo”.
Testimonio madre preso político
EL DOBLE RASERO DE LA JUSTICIA COLOMBIANA
Mientras la Procuraduría General de la Nación hace ingentes esfuerzos para lograr la libertad del coronel ® Alfonso Plazas Vega, condenado en primera y segunda instancia por su participación en el delito de desaparición forzada en el proceso que se adelanta por la desaparición de 11 personas el 6 y 7 de noviembre de 1985, en los sangrientos hechos del Palacio de Justicia; y mientras centenares de paramilitares -autores de crímenes de lesa humanidad- están ad portas de recobrar su libertad, amparados por la ley” 957, de “Justicia y Paz” sancionada por el ex presidente Álvaro Uribe Vélez, millares de presos políticos permanecen en las cárceles de Colombia, víctimas de montajes judiciales a la espera de que sea resuelta su situación jurídica.
Es el caso de los estudiantes, Omar Marín, y Jorge Eliécer Gaitán, así como del cantautor social Carlos Lugo, quienes llevan más de tres años y dos meses bajo arresto preventivo en penitenciarias de alta seguridad, donde sus derechos fundamentales han sido vulnerados, desconociendo las normas mínimas para el tratamiento de personas privadas de la libertad. Para estos jóvenes provenientes de familias de escasos recursos, cuyo único delito ha sido el trabajar por la defensa de los derechos de las comunidades campesinas, defender la educación pública y ejercer el pensamiento crítico, la justicia colombiana sólo ha tenido un rostro: el de la arbitrariedad, el del desconocimiento al debido proceso y la negación de la presunción de inocencia.
Desde el momento mismo de su captura se les ha violado todas las garantías constitucionales y legales poniendo en evidencia, una vez más, como el aparato judicial colombiano actúa como mecanismo de guerra que aplica el derecho penal del enemigo a quienes se atreven a cuestionar las políticas oficiales del Estado. No sorprende entonces que a Carlos, Jorge y Omar sistemáticamente se les haya rechazado la solicitud de Habeas Corpus, la libertad por vencimiento de términos, y la detención preventiva domiciliaria, no obstante estar cobijados por dichas figuras jurídicas.
Pero esta cadena de arbitrariedades no cesa: la liberta de los tres sindicados, que la defensa ha solicitado en ocho ocasiones, nuevamente fue negada el pasado mes de octubre. El argumento que esgrimen los jueces es que no se ha cumplido el plazo para la excarcelación, sin embargo el lapso que llevan recluidos en la cárcel en condición de sindicados por el delito de rebelión corresponde prácticamente al tiempo de la pena que cumplirían –física más descuento- si estuvieran ya condenados. De este modo, no solamente se les está violando el derecho a la libertad sino también el de presunción de inocencia porque la detención preventiva se ha convertido en una condena efectiva.
CUANDO PROTESTAR ES DELITO
La aprehensión de Omar, Jorge y Carlos, junto con seis personas más -entre ellas varios líderes campesinos y defensores de derechos humanos- se produjo en el contexto de la protesta social, liderada por la Mesa Amplia Nacional Estudiantil (MANE) en contra del inconsulto proyecto de reforma a la ley 30 de 1992, y de privatización de la educación superior, como una manera de generar miedo entre los jóvenes que venían participando activamente en el impulso al paro nacional estudiantil en unidad de acción con otros sectores sociales, y que finalmente obligó al gobierno del presidente Santos a retirar este nefasto proyecto de mercantilización de la educación.
Pocas semanas antes de su detención, la Federación de Estudiantes Universitarios (FEU), de la cual hacen parte los mencionados estudiantes, había concluido su III Congreso Nacional, reiterando su compromiso por el derecho a la educación para todas y todos los colombianos, y en defensa de la Universidad Pública. Pero en Colombia, propugnar por una educación pública, gratuita y de calidad, es considerado un delito, ya que una forma del ejercicio del poder estatal en nuestro país ha sido la criminalización de la protesta social, de tal modo que los conflictos obreros, las reivindicaciones estudiantiles, la movilización agraria y las protestas ciudadanas, entre otras, son asimiladas a formas de subversión y de accionar terrorista.
Precisamente este es el propósito de los llamados “falsos positivos judiciales”, los cuales a través de la vinculación de personas manifiestamente inocentes con acciones tipificadas como delitos por el código penal, pretenden “demostrar” la existencia de una supuesta infiltración de organizaciones terroristas en acciones legítimas de protesta social, creando ante la opinión pública, la sensación de que se combate eficazmente a las organizaciones ilegales. En tal sentido, las personas que son objeto de estos montajes judiciales se les vulnera el derecho a la presunción de inocencia, siendo condenados “a priori”, sin que medie investigación alguna, por los delitos que se les ha imputado.
Basta leer las declaraciones del ministro de defensa Juan Carlos Pinzón al momento de la detención de Omar Marín, Jorge Eliécer Gaitán y Carlos Lugo, para corroborar el efecto mediático que pretende generar estas capturas. Refiriéndose a los alcances de las mismas, el titular de la cartera de defensa señaló en su momento que se había desarticulado “una estructura que básicamente ha estado infiltrando universidades en el sur del país. Con ello se frustran las intenciones, que se han venido comentando, de infiltrar las protestas sociales”; y a renglón seguido anotaba que los detenidos integraban parte del anillo de seguridad de alias “Camilo El Argentino”, uno de los hombres de confianza del comandante de la columna “Teófilo Forero” de las FARC (Diario El Líder.Com.co. Octubre 5 de 2011).
Han transcurrido más de tres años desde que se hizo pública esta acusación y a la fecha la fiscalía no ha mostrado una sola prueba de que estos jóvenes se hayan levantado en armas contra el Estado. Sencillamente porque éstas no existen. Sin embargo, se les sigue estigmatizando como integrantes del Partido Comunista Clandestino (PC3) aún por los mismos entes judiciales que deberían ser garantes de sus derechos. Así lo corrobora el abogado, David Albarracín, quien participa como parte de la defensa: “si uno llama a averiguar por el proceso –señala el profesional del derecho- no lo identifican por el número o el nombre de los ciudadanos involucrados en el caso, sino por el proceso del PC3, lo que termina en una estigmatización por parte del operador judicial”.
UNA POLÍTICA PENITENCIARIA QUE ACENTÚA LA INEQUIDAD
La falta de inequidad con que actúa la justicia colombiana, que colma de prerrogativas a quienes ostentan poder económico y político, a tiempo que incrementa las penalidades en contra de aquellas personas que provienen de los sectores populares, es una política que es llevada a su máxima expresión por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), cuando se ocupa de ejecutar las medidas de aseguramiento y las penas privativas de la libertad personal. Ahondando, así, la profunda brecha entre ricos y pobres.
Las condiciones privilegiadas que caracterizan los Establecimientos de Reclusión Especial (ERES), así como las guarniciones militares, donde purgan condenas, entre otros: oficiales del ejército y la policía; funcionarios públicos corruptos; paramilitares desmovilizados y políticos vinculados con el paramilitarismo (esto, en las raras ocasiones en que no se les ha otorgado el beneficio de la prisión domiciliaria), contrasta con la deplorable situación en que viven millares de presos políticos y sociales. La situación de Omar, Jorge y Carlos no ha sido la excepción y, desde el momento mismo de su captura, sus derechos fundamentales han sido vulnerados por los funcionarios del INPEC, que los han mantenido lejos de sus ciudades de origen y prácticamente aislados de sus núcleos familiares.
Así lo confirma la madre del estudiante Jorge Eliécer Gaitán quien señala que en ocasiones transcurren cuatro o cinco meses sin poder ver a su hijo porque no tiene dinero para visitarlo: “el pasaje para visitarlo –relata con dolor e indignación- son 170 mil pesos ida y vuelta. Eso me vale ver a mi hijo, sin tomarme una bolsa de agua. Únicamente pagando el transporte. Sin contar la comida, la dormida, y las cositas de aseo que él necesita para el día a día en la cárcel”. Y es que Jorge, como buena parte de los presos políticos colombianos, proviene de una familia campesina de escasos recursos, que con grandes esfuerzos logró acceder a la educación universitaria. Su primaria la hizo en una escuela en la vereda de Guayabal (Caquetá) y la secundaria la cursó en San Vicente del Caguán. Una vez terminó bachillerato tuvo que esperar más de dos años para poder ingresar a la universidad y gracias a los ahorros de su madre y a su trabajo personal, finalmente pudo estudiar Derecho en la Universidad Surcolombiana que era una de sus grandes metas.
“Jorge –afirma uno de sus compañero de clase- representa ese temple, esa verraquera que tiene el campesino colombiano. La zona de donde él proviene, conocido como El Pato, es un área tradicional de resistencia campesina. La primera zona de reserva campesina del país. Jorge vivió sus primeros años de vida en ese ambiente de resistencia y movilización campesina y eso influenció muchísimo en su formación”. Ante la falta de oportunidades para los jóvenes de su edad, Jorge decidió irse para Neiva a estudiar, y allí cursó varios semestres de derecho, viviendo en condiciones bastante precarias. Por su parte, Omar y Carlos, aunque provienen de sectores urbanos, tienen orígenes sociales muy similares, y hoy comparten, también, su condición de perseguidos políticos de un Estado que criminaliza la juventud.
Sin duda, la persecución contra estos dos estudiantes y el cantautor de música social, ilustra cómo los jóvenes en el país siguen siendo las principales víctimas del terrorismo de Estado. Así lo ejemplifica también el caso de los universitarios, Diego Ortega, Andrés Motavita, Carlo Carrillo, Alexis Bueno, Cristian Leyva, Erika Aguirre, Xiomara Torres; que hoy cumplen cerca de dos años y medio prisioneros en la Cárcel de Bucaramanga-Santander, víctimas de otro montaje judicial adelantado por el patrullero Cúper Diomédez Díaz, quien adelantó un trabajo ilegal de infiltración en la Universidad Pedagógica Nacional para colocar tras las rejas a estos jóvenes estudiantes, luego de hacerlos pasar por supuestos terroristas.
Hace unos meses, refiriéndose al silenciamiento de los jóvenes en México, la escritora y periodista Elena Poniatowska señalaba que: “No se puede nunca ni encarcelar, ni patear ni llevarse a la cárcel a un joven, ni intentar silenciarlo, porque son el futuro, se ha dicho 20 mil veces, son la esperanza del país, maltratar a un joven y humillar, encarcelar a un joven es encarcelar la esperanza, el futuro del país”. Hacemos nuestras estas palabras y clamamos por la liberta de Jorge, Omar y Carlos, así como los más de 9000 presos y presas político/as.
*Profesor Universidad Nacional, recientemente destituido de manera arbitraria por el procurador general de la Nación, Alejandro Ordóñez
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