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El primer paso para construir la paz, es para la guerra

Solidaridad con nuestros compañeros de Marcha Patriótica

Víctimas de detenciones arbitrarias y montajes judiciales

miércoles, 20 de mayo de 2015

Respuesta de Renán Vega a una columna de Alfonso Cuéllar publicada en la Revista Semana

Nota aclaratoria: las réplicas que no pública semana

A raíz de la “columna de opinión” que apareció en la versión virtual de Semana el 9 de mayo, con el título “Más rigor, por favor”, escrita por Alfonso Cuéllar, le envíe al Director de Semana la réplica que ahora hago pública. Ni siquiera se acusó recibo de la misma. No me extraña, porque en febrero de este año, luego de la publicación del Informe de la Comisión Histórica, en la edición impresa de Semana se tergiversaron mis palabras. En esa ocasión dirigí una comunicación en la que exigía una rectificación y esta nunca fue publicada. Como abrebocas al escrito de respuesta a las infamias de A. Cuéllar, doy a conocer el texto enviado el 20 de febrero 
Rectificación Indispensable

Bogotá, febrero 20 de 2015

Señor
Alejandro Santos R.
Director Revista Semana:

En la edición No. 1711 –del 15 al 22 de febrero del 2015–, en el artículo “¿Cuándo empezó esta guerra?” comentan los informes de la Comisión Histórica del Conflicto Armado y sus Víctimas (CHCAV). En la página 63, en un recuadro, aparece entre comillas una afirmación que se me atribuye y, se supone, ha sido extraída en forma textual del Informe elaborado por mí o del resumen. Allí se dice: RENAN VEGA: “La guerra colombiana nace de la dependencia y adhesión de Colombia a los Estados Unidos, y se ha prolongado porque esta relación beneficia a las clases dominantes del país. El imperialismo ha favorecido la contrainsurgencia y el terrorismo de Estado”. Tengo que manifestar de manera categórica que esa afirmación no es mía. Es un resumen libre y ligero que hace el redactor del artículo y, aunque capta algunos de los aspectos centrales de mi Informe, se equivoca gravemente cuando dice que la “guerra colombiana nace de la dependencia y adhesión de Colombia a los Estados Unidos”. ¿Quién dice esto leyó de verdad y entendió el Informe?

En ningún lugar yo he dicho que la guerra se originó por acción o iniciativa de los Estados Unidos, puesto que hablo de una contrainsurgencia nativa que opera en Colombia desde la década de 1920, antes del surgimiento de la contrainsurgencia moderna, y las clases dominantes del país y el Estado libran una guerra contra la población colombiana, que comenzaron por sus propios medios desde mediados de la década de 1940, cuando se aniquiló al gaitanismo a sangre y fuego. En el camino, el anticomunismo de las clases dominantes se identifica con la política exterior de los Estados Unidos, cuya acción prolonga el conflicto y alimenta la contrainsurgencia y el terrorismo de Estado, desde la Guerra de Corea (1950-1953). Por esa circunstancia, defino la intromisión de los Estados Unidos como propia de de una “intervención por invitación”.

A la hora de hablar del conflicto armado en Colombia, los periodistas deben ser serios, responsables y veraces -máxime cuando se están glosando los ensayos de un estudio histórico- y no presentar una información sesgada y tergiversar el pensamiento de uno de sus autores.

Por todo lo anterior, solicito la correspondiente aclaración.

RENAN VEGA CANTOR 
Miembro de la CHCAV 

No mires la paja en el ojo ajeno…
“[Que] peligroso… puede ser un micrófono en las manos de un cretino, cuando el tal cretino goza de total impunidad”.

Alfonso Sastre, La batalla de los intelectuales, CLACSO, Buenos Aires, 2005, p. 57.
En la edición virtual de la Revista Semana apareció un artículo de opinión de Alfonso Cuéllar, con el título Más rigor, por favor, el día 9 de mayo de 2015 y dicho artículo permaneció colgado en un lugar visible de esa edición virtual por lo menos durante cuatro días1.

En este artículo se hacen unos señalamientos graves, irresponsables y sin el menor fundamento a mí, con nombre propio, y al informe que escribí para la Comisión Histórica del Conflicto Armado y sus Víctimas, continuando con la cadena de mentiras e infundios que iniciaron Adriaan Alsema de Colombia Reports y la Silla Vacía, con el fin de desvirtuar los resultados que presenta mi ensayo sobre la injerencia de Estados Unidos en Colombia y su directa participación en el conflicto armado que soportamos desde hace más de medio siglo. El mencionado “periodista” al iniciar su columna sostiene: “Todo parece indicar que la presunta violación de 53 menores por gringos en Melgar no tiene fundamento. Grave precedente”. A partir de tan poca seguridad, que se confirma con las palabras “todo parece indicar”, el autor sostiene, eso si ya sin ninguna duda, que “no hay evidencia alguna de que lo dicho por la Comisión y en particular, Vega sea cierto”2. Para sustentar su afirmación recurre a una supuesta “investigación” de Colombia Reports y al artículo escrito por Miguel Rueda, de Fusión.

En mi respuesta a las mentiras divulgadas por La Silla Vacía, que son las mismas que repite Cuéllar, comprobé que sí existen evidencias de los abusos de militares de los Estados Unidos y la cifra de 53 casos yo no me la inventé ni mucho menos, sino que proviene del escrito académico de la investigadora Anna Kucia de 2008 sobre la influencia de militares de los Estados Unidos en algunos aspectos de la sociedad colombiana3.

Cualquiera que tenga dos dedos de frente puede detectar fácil y rápidamente que el artículo de Adriaan Alsema, en Colombia Reports, carece de cualquier fundamento serio, si tenemos en cuenta que su autor reconoce que no lee (porque supuestamente en el mundo moderno estamos muy ocupados), descalifica el informe porque no fue sometido a pares académicos (acaso los periodistas tienen pares académicos cuando escriben y difunden sus mentiras), le pide al rector de la universidad donde laboró que me obligue a hablar con los periodistas, descalifica mis méritos intelectuales por escribir en periódicos y publicaciones de izquierda, asegura que las cosas que yo digo en mi Informe no son ciertas porque son producto de un “antiamericanismo primario” y, lo más llamativo y cínico, que no han existido ni abusos sexuales ni violaciones por parte de militares y mercenarios de los Estados Unidos sino que esa es una invención propia de un simple “mito urbano”4. Creer a pie juntillas en este tipo de sandeces si indica la falta de rigor del señor Alfonso Cuellar y su altura investigativa y su seriedad a la hora de mentir y difamar. Por qué no comparó, con calma y rigor, las estupideces que se encuentran en el artículo de Colombia Reports con mi informe de 60 páginas, que se constituye en una explicación estructural y de largo plazo sobre la presencia de Estados Unidos en Colombia.

La afirmación más irresponsable, y carente de cualquier rigor, de Cuellar sostiene que soy un “un académico que no le pareció necesario investigar antes de publicar; violando un fundamento de su profesión”5. Pues, quien no investigó y se limitó a reproducir los disparates de Colombia Reports y las frases descontextualizadas de Fusión fue el seudoperiodista Alfonso Cuéllar, quien parece que no leyó el Informe que yo escribí, el cual tiene un amplio respaldo documental, y donde además se exploran una diversidad de aspectos sobre la injerencia de Estados Unidos en Colombia, tales como su apoyo a la formación de grupos paramilitares, el patrocinio de la contrainsurgencia y el terrorismo de Estado, su formación doctrinaria a militares involucrados en los asesinatos de Estado (mal llamados “falsos positivos”), su patrocinio al uso del glifosato contra campesinos e indígenas, su alianza con grupos de asesinos (como los PEPES en Medellín) y un largo etcétera.

Carece por completo de cualquier rigor y seriedad un individuo que, goza del privilegio de escribir en un medio informativo de los dueños de Colombia, para señalarme como irresponsable en mi labor investigativa, basándose en las “habladurías escritas” de Colombia Reports, sin preocuparse por indagar lo que allí se dice.

Además, a Cuéllar le preocupa que supuestamente haya impuesto una “verdad absoluta para la opinión pública”, que no aclara cuál es, pero que parece referirse al hecho de que son responsabilizados como causantes y generadores de violencia el Estado colombiano, las clases dominantes –así como sus medios de comunicación tradicionales, como la Revista Semana-. Esto es lo que le incomoda a nuestro “riguroso” opinólogo, quien no necesita ni siquiera leer, sino que deja que otros lean por él, y luego, con la impunidad que le da el poder de figurar en un poderoso medio de desinformación, calumnie y descalifique a quienes no están de acuerdo con las falsas verdades de las clases dominantes de Colombia. Porque, hay que subrayarlo con claridad, no estamos ante una simple opinión de Alfonso Cuéllar sino que él miente, desinforma y tergiversa en forma malintencionada, al decir, sin ningún respaldo, que yo no tengo evidencia documental sobre los abusos sexuales de militares de los Estados Unidos.

Porque, en últimas, lo que le preocupa a Cuéllar radica en que se sepa la verdad acerca de la responsabilidad de los poderosos de este país –incluyendo a sus sostenedores externos, es decir, los Estados Unidos–, lo cual lo reafirma al terminar sus “habladurías escritas”: “Temo que la ligereza con que se ha tratado esta historia sea apenas el preaviso de lo que nos espera si se constituye la tan mentada comisión de la verdad. Y lejos de tener una mayor claridad sobre qué pasó en estas difíciles décadas de guerra, terminemos ahogados en acusaciones sin fundamento. Y de ser así, que no cese la horrible noche” 6.

Claro, lo que le asusta a los dueños de Colombia –de los que Cuéllar se presenta como uno de sus voceros– es que se sepa la verdad de la responsabilidad directa de industriales, grandes comerciantes, bancos, terratenientes, periodistas y dueños de medios de comunicación, empresas multinacionales, de los máximos responsable del Estado durante los últimos 70 años y, por supuesto, de los Estados Unidos, en el patrocinio del terrorismo de Estado, con sus múltiples crímenes. Para el “riguroso” columnista Cuéllar deben ser acusaciones sin fundamento los 5.000 asesinatos de los “falsos positivos” durante los gobiernos de Álvaro Uribe Vélez, el patrocinio de la Chiquita Brands a los paramilitares en el Urabá (que mataron a miles de personas) y por lo cual esa empresa fue sancionada en Estados Unidos con 25 millones de dólares de multa, los desaparecidos del Palacio de Justicia, el bombardeo a Santo Domingo (Arauca) en 1998, cuando fueron masacrados 17 personas, por bombas que fueron lanzadas desde aviones de la FAC y con participación directa de mercenarios de los Estados Unidos, las torturas generalizadas durante el gobierno de Julio César Turbay Ayala… y miles de acontecimientos similares, propios del Terrorismo de Estado a la colombiana. Estas son las “verdades sin fundamento” que aterran al señor Alfonso Cuéllar y él, con su enorme rigor informativo, no quiere que se conozcan.

NOTAS

1. Alfonso Cuéllar, Más rigor, por favor, disponible en http://www.semana.com/opinion/articulo/alfonsocuellar-mas-rigor-por-favor/427074-3

2. Alfonso Cuéllar, loc. cit.

3. Ver Anna Kucia, The Complex Relationship Between Private Military and Security Companies and the Security of Civilians: Insights from Colombia. Disponible en


4. Adriaan Alsema, How I helped a pseudo-scholar spread anti-American propaganda, disponible en http://colombiareports.co/how-i-helped-a-pseudo-scholar-spread-anti-american-propaganda/

5. Alfonso Cuéllar, loc. cit. (Énfasis mío).

6. Alfonso Cuéllar, loc cit.  

sábado, 9 de mayo de 2015

Colombia y el momento constituyente

Por: Hubert Ballesteros Gómez 

Una constitución es un pacto social fundado por el poder constituyente primario. Para que sea legítimo, en esté deben converger los diferentes sectores de la sociedad, dando lugar a un acuerdo que permite la coexistencia de ellos; en él fijan sus aspiraciones económicas, políticas, sociales y culturales y se establecen mecanismos para que los derechos plasmados en dicha constitución sean garantizados a los ciudadanos.
Colombia es de los pocos países del hemisferio occidental que aún no termina de constituirse como nación y como república. Ha pasado de un siglo a otro sin resolver sus contradicciones fundamentales: Del siglo XVIII al siglo XIX pasamos buscando nuestra libertad de la opresión española; del siglo XIX al siglo XX en una guerra civil denominada de los mil días y del siglo XX al siglo XXI tratando de resolver un conflicto social armado con más de cincuenta años de duración y con hondas raíces económicas, políticas y sociales.

La tradición constitucional nos enseña que éstas existen precisamente para dotar a la nación de instrumentos políticos y jurídicos que permitan prevenir y resolver todos estos conflictos. Hoy cuando de nuevo nos aprestamos a que este largo conflicto se resuelva mediante una solución política dialogada, los cambios constitucionales se convierten en un imperativo ético y político.

Podrán algunos argumentar, que una Constitución que no cumple un cuarto de siglo es aún muy joven y en eso pueden tener razón, pero no debemos olvidar que esta constitución tiene un corazón socialdemócrata que mira hacia la izquierda en cuanto al enunciado de los derechos, pero un bolsillo dirigido hacia los intereses de la derecha haciéndola profundamente neoliberal. Situación agravada por el hecho de haber sido reformada cerca de setenta y cinco veces en los últimos veinte años mediante actos legislativos con los cuales se ha afianzado este modelo económico.

La necesidad de una Asamblea Constituyente que nos provea de un nuevo pacto social, no resulta exclusivamente de los diálogos de paz que se realizan en la Habana; deviene de la crisis económica, política, social e institucional que tiene a nuestro país como un Estado inviable. Crisis estructural que se profundiza día a día y que los paliativos del gobierno no logra conjurar.

Un país con un conflicto social armado de más de cincuenta años que el gobierno quiere resolver sin realizar cambios que permitan remover sus causas no podrá alcanzar la paz; por el contrario, la pobreza la corrupción administrativa, la falta de inclusión política, el marginamiento social, la violencia de todo tipo y unas instituciones incapaces de responder a las expectativas de los ciudadanos en salud, educación, empleo, vivienda, seguridad etc., agregarán permanentemente nuevos elementos causales al conflicto.

En los últimos doce (12) años, el establecimiento ha pretendido hacernos creer que es posible acabar con el conflicto social y armado sin generar los cambios económicos, políticos e institucionales requeridos para lograrlo, para ello, emprendieron la guerra total en los ocho años del gobierno Uribe y ante el fracaso de la estrategia de guerra, la oligarquía decidió emprender un diálogo de paz con la insurgencia de las FARC-EP, que a pesar de los obstáculos aún continua, y con el cual, el establecimiento pretende obtener un sometimiento de las guerrillas sin generar cambios en el modelo económico y el sistema político.

En el reciente pasado fuimos testigos de un fracasado proceso de sometimiento a la justicia de los grupos paramilitares que posterior a la extradición de sus jefes mutaron en cientos de pequeñas bandas que ejercen hoy el control sobre la economía ilegal del narcotráfico y sobre buena parte de la economía legal mediante el cobro de vacunas a cuanta actividad económica se desarrolla en muchas ciudades del país.

Pero el conflicto social armado, la violencia social y narco-paramilitar nos son los únicos problemas que enfrentamos los colombianos. Podemos decir sin equivocarnos que la crisis es mucho más profunda de lo que se cree y toca todos los estamentos del sistema.

La oligarquía que gobierna este país en beneficio del sistema financiero y las empresas transnacionales, maquilla las cifras sobre desempleo, ingresos y pobreza tratando de mantener una gobernabilidad que cada vez es más precaria.

La mercantilización de la salud, la educación, la seguridad social y todos los servicios que debería prestar el Estado, la crisis en la justicia, la pérdida de credibilidad en los partidos políticos, el congreso, los órganos de control y las fuerzas armadas y de policía han conducido a un estado de descontento y movilización social permanente.

Son muchos los espacios creados por fuera de la institucionalidad que hoy no solo discuten la problemática del país sino que además buscan resolverla. En muchos de ellos el Estado ha sido remplazado de hecho en temas como seguridad, legislación, medio ambiente, convivencia, reforma agraria, reforma urbana, justicia y otros de similar importancia.

¿Cómo explicar que después de la expedición de una nueva constitución (1991) en donde se exponen ampliamente los DD.HH., de primera, segunda y tercera generación se desate la más feroz persecución contra la oposición política y se entre de lleno a privatizar sin ninguna consideración los bienes y servicios públicos que estaban bajo la responsabilidad del Estado?

Lo que debería haberse logrado con la Constitución del 91, aún está por hacerse. La democracia participativa, la garantía de la aplicación de los Derechos Humanos, el desarrollo económico y social de las mayorías, el ordenamiento territorial, la descentralización política y administrativa con garantía de recursos, la protección del medio ambiente, el reconocimiento de los derechos de la mujer y la paz, son objetivos de toda sociedad que en nuestro caso están por alcanzarse.

Como podemos ver los resultados que se previeron o se soñaron no se han cumplido y están sufriendo constantes reveses.

Ante la falta de voluntad de la clase dirigente, para implementar los cambios, aparece, como reacción lógica la resistencia al ejercicio abusivo del poder, bajo formas pacíficas o violentas, que adquieren mayor grado de profundidad de acuerdo con las herramientas represivas que se utilicen o con el grado de conciencia desarrollado en el seno de la sociedad.

Este conjunto de situaciones problemáticas sumadas a las diversas formas de resistencia y descontento que se presentan en diversos sectores de la sociedad y que han llevado al desconocimiento del Estado y sus instituciones, configuran, sin lugar a dudas, un MOMENTO CONSTITUYENTE. Se nota en muchas regiones y sectores sociales del país que la nación está tratando aún de constituirse, que las viejas formas del régimen político Liberal-Conservador que excluyen a las mayorías y el modelo económico generador de pobreza y explotación ya no son aceptados y se hace necesario reconstruir nuestra nación sobre bases nuevas.

Esas nuevas bases, por supuesto, no vendrán del poder constituido pues éste representa una minoría oligárquica y parásita que desea mantener el estatus quo en favor del cual legisla y ejecuta normas que solo favorecen sus propios intereses y los del capital transnacional.

Solo del poder constituyente primario podrán venir los cambios que nuestro pacto social requiere para superar la crisis que padecemos desde nuestra constitución como república en 1819.

Desatar ese poder constituyente para que se convierta en fuerza arrolladora debe ser una tarea de todos los demócratas y amantes de la paz. Urge avanzar en un proceso constituyente que comprometa todos los sectores y regiones de nuestro país, que discuta y apruebe el contenido de ese pacto social que nos funde y nos presente ante el mundo como una nación soberana, democrática y con justicia social. Una sociedad donde se erradiquen todas las discriminaciones, se destierren todas las formas de violencia contra la oposición y donde la paz sea, en verdad, el bien más preciado de todos los ciudadanos.

Necesitamos conformar ese grupo o movimiento de personas que pueda desatar ese poder. La mayoría de las anteriores reformas constitucionales fueron convocadas y realizadas por las élites políticas para favorecer intereses de una minoría, salvo la constituyente del 91 que fue impulsada por algunos sectores sociales y en cuya asamblea se permitió una tibia representación de sectores no oligárquicos; pero la nueva Constitución, debe ser el resultado de la más amplia participación popular y corresponde al pueblo lograr su convocatoria.

Si el presente es de lucha, el futuro será socialista
.

Hubert Ballesteros Gómez 
Prisionero Político. Cárcel Nacional la Picota, Pabellón de Alta Seguridad 
Bogotá D.C., mayo, 2015

lunes, 4 de mayo de 2015

Mural: En tiempos de paz la prisión no es la solución

Este 1 de Mayo del presente año, la Fundación de Solidaridad y Defensa con la Población Carcelaria de Colombia “Juan David Pineda Cardona” participó en la movilización nacional e internacional conmemorando el día del trabajo. Saludamos a todas las expresiones organizativas que se hicieron presentes en este día y las convocamos por medio de nuestra fundación ha avanzar en espacios  de unidad y trabajo popular en aras de construir la anhelada paz con justicia social.
Mural a 500 metros de la cárcel Villa Josefina, Manizales, Caldas. Abril de 2015
De igual manera celebramos nuestra participación en el 2º Encuentro Nacional e Internacional  por la Libertad y el Trato Digno de las y los Prisioneros Políticos “Larga Vida a las Mariposas”, realizado en la ciudad de Bogotá D.C el pasado 20, 21 y 22 de Marzo, donde asistimos con el ánimo de consolidar nuestra labor por la defensa y solidaridad con la población carcelaria. Por eso, compartimos el entusiasmo que significa crear un capítulo de la Fundación “Juan David Pineda Cardona” en el departamento de Caldas, con miras a fortalecer la dignificación de la población carcelaria y exigir la libertad de los y las prisioneras políticas.

Reconocemos que en nuestro país existe un conflicto económico, político, social, debido a las agudas contradicciones que se dan entre la clase dominante y las clases marginadas; estas relaciones antagónicas despliegan acciones armadas que van orientadas a la toma del poder en aras de transformar el modelo económico, político, social y cultural imperante.

La existencia de las guerrillas ha sido uno de los muchos factores determinantes en la configuración de la sociedad Colombiana en la actualidad FARC - EP y ELN, estas insurgencias han desplegado acciones políticas y militares en todo el territorio nacional por más de 50 años, ejerciendo el derecho universal a la resistencia y a la rebelión, rebelándose contra la tiranía, la injusticia, la miseria y la opresión impuesta por la clase dominante en el poder, utilizando el método represivo del terrorismo de Estado.

A lo largo de éste conflicto armado se han presentado capturas de guerra, las cuales según el DIH (Derecho Internacional Humanitario) son Prisioneros de guerra de las partes confrontadas.  En éste contexto las fuerzas armadas en su afán de dar una buena imagen frente a la población en su lucha “contrainsurgente” han incurrido en violaciones masivas de Derechos Humanos, tales como: ejecuciones extrajudiciales o mal llamados “falsos positivos”, qué en realidad no son más que una práctica sistemática y criminal, montajes judiciales, capturas masivas etc.

Entendemos la necesidad de una salida política negociada al conflicto armado, entre las FARC – EP, y el Estado Colombiano y para ello es imprescindible el Cese al Fuego Bilateral, de igual manera concretar acuerdos con el ELN para poder superar la agudización del conflicto armado que vive la sociedad Colombiana. Por eso es  urgente crear espacios de participación ciudadana, donde el pueblo ejerciendo su rol de constituyente primario pueda llegar a una Asamblea Nacional Constituyente que  reformule la Constitución Política de 1991, en aras de superar el estado actual de miseria, la profunda desigualdad social y la crisis económica. Generando así condiciones de distribución equitativa de la riqueza, de una reforma agraria integral, empleos dignos, educación pública de calidad, salud integral de acceso universal, entre otros temas que deben ser decretados por el pueblo donde primen el conjunto de intereses de la población sobre el constituyente secundario que en este caso es el congreso de la república.

En este contexto la Asamblea Nacional Constituyente debe analizar algunos temas referentes al delito político,  la amnistía, el indulto, la repatriación, el cese al fuego bilateral y particularmente la situación de vulnerabilidad a los derechos humanos que se presentan en diferentes cárceles del país. 

Respaldamos la iniciativa del Movimiento Nacional Carcelario (MNC) y las actividades nacionales definidas para consolidar la Constituyente Nacional Carcelaria, permitiendo dar trato digno y humano a dicha población e insistimos en la importancia de llegar a una Asamblea Nacional Constituyente.  

Así pues, como equipo de trabajo de la Fundación de Solidaridad y Defensa con la Población Carcelaria de Colombia “Juan David Pineda Cardona” hemos venido participando en la “Coalición Larga Vida a las Mariposas” en la región noroccidental. Importante labor la que nos convoca al trabajar por defender los derechos humanos de esta población, por eso “en tiempos de paz, la prisión, no es la solución” exigimos la libertad de todxs lxs prisionerxs políticxs.

Informe: Tortura y tratos crueles en prisiones colombianas

Este informe es resultado del 2o Encuentro Nacional e Internacional “Larga Vida a Mariposas” por la libertad y el trato digno de las y los prisioneros políticos en Colombia, realizado en la ciudad de Bogotá por la Coalición Larga Vida a las Mariposas los días 20, 21 y 22 de marzo de 2015, en el cual se presentaron casos e informes sobre la situación de las personas privadas de la libertad, especialmente de las y los prisioneros políticos.
El presente informe pretende enterar al Comité de Naciones Unidas contra la Tortura sobre la situación de las personas privadas de la libertad en Colombia, que padecen una sistemática y flagrante violación de las obligaciones internacionales por parte del Estado Colombiano, específicamente aquellas definidas en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y en la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanas o Degradantes.

Abordaremos, en primer lugar, la tortuosa situación que en general padece la población reclusa colombiana, como consecuencia del fracaso del nuevo modelo de prisiones impuesto desde 1999 y de una política criminal basada en la seguridad y carente del enfoque de derechos humanos, que arrasa con la dignidad humana e incluso somete a las personas privadas de la libertad a situaciones de tortura y tratos crueles e inhumanos.

Presentaremos algunos casos de prisioneros víctimas de abuso de poder y tortura, y sugeriremos Comité de Naciones Unidas contra la Tortura algunas recomendaciones al Estado Colombiano sobre posibles soluciones a la problemáticas que se están vislumbrando.

Leer Informe: