Por: Renán Vega Cantor
“Muchos jueces son incorruptibles, nadie puede inducirlos a hacer justicia”.
Bertolt Brecht
“Es imposible mantener la dignidad sin el coraje para examinar esta perversidad y oponerse a ella”.
Bertrand Russell
La persecución y criminalización a que el Estado colombiano ha sometido
al profesor e investigador Miguel Ángel Beltrán durante los últimos seis
años es un ejemplo fehaciente, a través de un caso personal, del
terrorismo de Estado que se ha impuesto en nuestro país, y cuyas
características criminales abarcan los más diversos ámbitos, como lo
mostramos en este texto. Frecuentemente, al hablar del terrorismo
oficial se enfatizan –con toda razón- los asuntos referidos a la
violencia directa (torturas, asesinatos, desapariciones, detenciones
arbitrarias, y diversas formas de persecución contra los opositores
políticos), pero no se intentan vincular otras cuestiones en las que se
impone una violencia indirecta y simbólica, que se ejerce en las
universidades, en los medios de desinformación masivos y que predican
los nuevos “intelectuales”, a los que más bien les cabe el apelativo de
lumpen-intelectuales.
El ejemplo de Miguel Ángel Beltrán
evidencia que el Terrorismo de Estado no es una realidad metafísica
genérica e inescrutable sino una poderosa máquina de muerte que busca
aniquilar a los seres humanos que se nieguen a aceptar como si fueran
indiscutibles las mentiras del régimen sobre Estado de Derecho,
Democracia, libertad de expresión, y mil bellezas retóricas por el
estilo.
El Computador mágico
Al
hablar de la persecución que soporta Miguel A. Beltrán, resulta
indispensable partir de los acontecimientos del primero de marzo de 2008
en Sucumbíos (Ecuador). Ese día fueron masacrados en territorio del
vecino país –y no en la frontera como dice la información tergiversada
de la gran prensa que se edita en Bogotá– 26 personas, entre ellas
cuatro estudiantes mejicanos, el comandante insurgente Raúl Reyes y un
ciudadano ecuatoriano. El ataque fue llevado a cabo por aviones
comandados por pilotos de los Estados Unidos y partió de una base
militar de ese país, instalada en territorio de Colombia. Este crimen de
guerra violó elementales normas del derecho internacional e indicó lo
que el Estado colombiano está dispuesto a hacer como parte de su
subordinación incondicional a los dictados de Washington, para sabotear
intentos nacionalistas que se desarrollan en otros países de Sudamérica y
en su proyecto de defender los intereses del bloque de poder, que no
quiere redistribuir ni un gramo de riqueza. Tan palpable fue la
violación efectuada por el Estado colombiano que éste fue rechazado por
la Organización de Estados Americanos y por el Grupo de Río.
Respecto
a este hecho, un Manual Secreto de la Agencia Central de Inteligencia
(CIA) del año 2009, ya en el gobierno de Barack Obama, con el título Las
mejores prácticas en contrainsurgencia: cómo hacer de las operaciones
de ataque a objetivos de alto nivel una herramienta efectiva, destinado a
evaluar las labores de contrainsurgencia en diversos lugares del mundo,
cataloga como una “acción exitosa” al crimen de Sucumbíos, cuando
fueron asesinados objetivos de “alto valor, lo” que "dañó seriamente la
moral y la disciplina" de las FARC, según "comentarios de campo" de la
CIA. La Agencia Internacional de Torturas –como se acaba de reconocer en
el propio Senado de los Estados Unidos- en el Manual mencionado formula
recomendaciones a los gobiernos del mundo que enfrenten a movimientos
insurgentes en los que aconseja el asesinato de líderes y dirigentes de
alto nivel. Este documento de la CIA, “[…] tiene la virtud de documentar
y dar sustancia a un hecho que venía siendo un secreto a voces desde
hace décadas: que un gobierno formalmente constituido, como es el de
Estados Unidos, recurre, recomienda y sistematiza el asesinato de
insurgentes como una práctica común, a contrapelo de las nociones
humanitarias más elementales”.
El campamento de Sucumbíos y las
personas que allí se encontraban fueron atacadas en forma cobarde y
criminal con bombas de alto poder de destrucción que arrasan con lo que
encuentran a su paso, dejan cráteres de cinco metros de diámetro, pero
“milagrosamente” en medio de las ruinas emergió un computador mágico e
indestructible, que pertenecía supuestamente a Raúl Reyes. Casi nadie se
ha atrevido a preguntar de qué material está hecho ese computador que
resistió las bombas “inteligentes” lanzadas por los militares de Estados
Unidos, si cualquier computador portátil se daña con solo caerse de una
mesa. Ese computador no sólo resultó indestructible, sino mágico,
puesto que a los pocos días de ese artefacto empezó a brotar la más
disparatada información, que ha sido utilizada por la prensa y diversos
órganos del Estado para acusar, perseguir y criminalizar a quienes
aparecen registrados en su disco duro. Aunque no existió ningún peritaje
técnico ni cadena de custodia, la pretendida información contenida en
esa laptop mágica se usa para perseguir a ciudadanos colombianos, como
precisamente le ha sucedido a Miguel Ángel Beltrán.
A esta práctica
del Estado colombiano puede denominársele como la de los “falsos
positivos informáticos”, porque se persigue y criminaliza a hombres y
mujeres que aparecen mencionados en el computador mágico de Raúl Reyes y
en todos las decenas de computadores indestructibles que después han
aparecido, luego de los múltiples bombardeos de las Fuerzas Militares
contra campamentos de las FARC, en los que siempre sobresalen, entre los
cuerpos calcinados y los cráteres de muerte, laptops pulcramente
intactas, de las que brota prodigiosa información que siempre trae
“pruebas” sobre los enemigos del régimen.
A Miguel Ángel Beltrán
se le aplicó esta treta por parte del Estado colombiano, tan pueril que
hasta la propia Corte Suprema de Justicia declaró como carentes de
validez a las pruebas procedentes del supuesto computador de Raúl Reyes.
A pesar de esto, durante el juicio que se le siguió a Miguel A. Beltrán
se esgrimieron como pruebas no sólo los datos que aparentemente
procedían del computar mágico, sino que la Fiscalía presentó como
testigos estrellas a militares que participaron en la Operación Fénix,
como se denominó en el lenguaje oficial a la masacre de Sucumbíos. El
procedimiento era tan burdo que la defensa de Miguel Ángel Beltrán lo
desmontó y demostró las falsedades existentes en las pruebas allegadas,
hasta el punto que la Jueza Cuarta Penal de Bogotá lo declaró inocente y
procedió a concederle la libertad inmediata.
Sin embargo, el
Procurador General de la Nación –el inquisidor Ordoñez– siguió
considerando como válidas las informaciones proporcionadas por la
Operación Fénix y en eso se basó para destituir al profesor e
investigador de la Universidad Nacional y sancionarlo durante 13 años
para ejercer cualquier cargo público y, recientemente, un Magistrado de
La Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá en la práctica las avala,
aunque diga que no las ha tenido en cuenta, al condenar en segunda
instancia a Miguel Ángel Beltrán a 100 meses de prisión, tal y como lo
registra con cinismo la noticia de El Espectador: “Según la Fiscalía
General, el profesor universitario era alias ‘Jaime Cienfuegos’,
ideólogo de la comisión internacional de las Farc. El ente acusador
llegó a esa conclusión luego de revisar los documentos que se
encontraron en el computador del jefe guerrillero alias ‘Raúl Reyes’,
abatido el 2 de marzo de 2008 en la frontera entre Colombia y Ecuador”.
Aparte de las mentiras contenidas en dicha información, lo central
radica en que se reconoce que las pruebas proceden del computador mágico
e indestructible del comandante de la insurgencia.
Una Universidad Nacional neoliberal y neoconservadora
A
Miguel Ángel Beltrán le tocó la triste suerte de trabajar en una
Universidad Nacional (UN) neoconservadora y neoliberal, que no se
corresponde de ninguna manera con un proyecto diferente de educación, ni
es el epicentro del pensamiento crítico y alternativo, que alguna vez
pudo haber sido. La Universidad Nacional ha sido destruida por el la
mercantilización y la privatización, hasta el punto que es otro garaje
universitario –el más grande de Colombia-, regido por la lógica brutal
de la competencia, el individualismo y la ganancia, y cada día menos
pública, aunque muchos de sus profesores e investigadores presuman de lo
contrario: que esa universidad es lo máximo en educación.
El
objetivo del Estado ha sido doble: convertir a la Universidad Nacional
en un mercado de poca categoría y en un centro de conformismo político e
intelectual. Como consecuencia de la desfinanciación, la UN se ha
privatizado, mediante el aumento del costo de matrículas, la venta de
servicios, la comercialización del bienestar y de las investigaciones, y
la constitución de otra universidad paralela, dedicada a posgrados y
obtener recursos.
La transformación interna de la UN ha dado
origen a un nuevo tipo de profesor e investigador, que ha perdido su rol
de intelectual para convertirse en tecnócrata, consultor y mercachifle
del saber en los más diversos terrenos, incluyendo el de la
violentologia. Como la UN es de hecho una universidad empresarial es, al
mismo tiempo, conservadora y retrograda en términos políticos, sociales
y culturales. No puede ser de otra forma, porque para convertir a
profesores y estudiantes de la universidad en vendedores de una
mercancía y clientes es necesario erradicar el pensamiento crítico. En
estas circunstancias, “quienes se dediquen a la educación para el
crecimiento económico no querrán un estudio de la historia centrado en
las injusticias de clase, casta, genero, etnia o religión, pues eso
generaría un pensamiento crítico sobre el presente” . En esa
“universidad emprendedora” no sólo se persigue y reprime a los
estudiantes, sino también a los profesores y académicos que piensen
distinto, ya que según las concepciones neoconservadoras hay que
erradicar el “mal” de raíz, y para eso se debe evitar que circulen ideas
peligrosas, que cuestionen las verdades establecidas.
Y eso no
sólo acontece en las profesiones ligadas a las ciencias naturales y
experimentales, sino en las ciencias sociales, convertidas en
disciplinas funcionales al poder y la dominación, sin el menor atisbo
crítico y con la pretensión positivista de gran parte de sus miembros de
ser “científicos puros”, como acontece en el Departamento de Sociología
–donde laboraba Miguel Ángel Beltrán–, que se niegan a contaminarse de
“política”. Esta es una singular forma de entender la sociología, como
una especulación abstracta que se reduce a una exegética vacua e
insustancial, pero que se niega a abordar los grandes problemas de la
sociedad colombiana. Esa una sociología aséptica y funcional al
capitalismo criollo, para cuyos cultores el conocimiento es una especie
de ingeniería social, desligada de los asuntos reales que atañen a los
hombres de carne y hueso.
Esta es la justificación para ser
cómplices o protagonistas de la persecución a uno de sus colegas, como
en la práctica lo han sido cientos de profesores en la UN, para quienes
esa persecución es un asunto individual que no les concierne. Por
supuesto, en un ambiento académico tan conservador, como el que ahora
impera en la Universidad Nacional, resulta incómodo un personaje como
Miguel Ángel Beltrán, quien se ha atrevido a hablar claro de las razones
históricas y estructurales del conflicto social y armado en Colombia.
Como
en la Universidad Nacional en particular y en las universidades
públicas en general la autonomía ha sido una cuestión formal, que nunca
ha operado en sentido estricto, las autoridades administrativas y el
grueso del profesorado aceptan sin reparos que un ente externo, como lo
es la Procuraduría General de la Nación, destituya a MAB. Así, Ignacio
Mantilla, el rector de la UN, un personaje gris y mediocre –asesorado
por “eminentes” juristas que posan de ser muy progresistas– cumplió la
orden en forma inmediata, fungiendo como peón del establecimiento. Para
completar, algunos de estos personajes pontifican sobre la existencia en
nuestro país de un Estado de Derecho, a nombre del cual habría que
aceptar las arbitrariedades e injusticias.
Una mención especial
merecen las diversas especies de violentologos y pazologos que tienen su
nicho en la Universidad Nacional, pues se esperaría que quienes han
convertido el tema de la violencia en una forma de vida y en una fuente
de ingresos, se hubieran manifestado a favor de Miguel Ángel, puesto que
éste soporta en carne propia la violencia física y simbólica que afecta
la vida universitaria. Pero que va, la mayor parte de ellos no se
atreven a decir ni una palabra de apoyo a su colega y de rechazo a sus
perseguidores oficiales, porque sencillamente la violencia que ellos
analizan es un objeto distante que no exige ningún compromiso inmediato y
directo, además de que muchos de ellos se han convertido en ideólogos,
abiertos o soterrados, del terrorismo de Estado o porque en últimas
también son inquisidores como el Torquemada mayor, el Procurador General
de la Nación.
Al respecto son muy apropiadas las palabras de la
profesora Piedad Ortega, de la Universidad Pedagógica Nacional, sobre
los inquisidores, viejos y nuevos de la Universidad Nacional: “¿Cuántos
procuradorcitos (as) se están reproduciendo en la mente iluminada de
tantos (as) investigadores (as) que estudian y escriben sobre el
conflicto social armado, la violencia política, los despojos agrarios y
hoy están ‘anestesiados y amnésicos’ frente a la destitución de tu cargo
por 13 años como profesor asociado de la Universidad Nacional?
¿Cuántos
procuradorcitos (as) madrugan, leen los últimos reportes del proceso de
la Habana y llegan a sus clases para presentar sus disertaciones sobre
el posconflicto, los procesos de paz… y un largo etcétera? Y no se
interpelan sobre la venda que le han colocado a la libertad de cátedra. A
tu libertad. A nuestra libertad”.
El Plan Cóndor redivivo
En
las décadas de 1970 y 1980 se llevó a cabo en América del Sur un
siniestro plan por parte de las dictaduras de Seguridad Nacional
tendiente a deshacerse de los opositores políticos, que incluía las
prácticas del secuestro, la tortura, la desaparición forzada y el
asesinato, mediante un acuerdo de intercambiar personas sin importar su
nacionalidad; es decir, que, por ejemplo, alguien nacido en Chile, pero
que se encontraba radicado en Argentina, era raptado por los dictadores
de este último país y entregado a sus similares de Chile, donde era
torturado y asesinado. A esta práctica sistemática de terrorismo de
Estado de índole transnacional se le conoció como el Plan Cóndor –que
operó con el respaldo y asesoramiento de los Estados Unidos–, cuando
fueron asesinados y desaparecidos millares de militantes de izquierda en
el Cono Sur. El Plan Cóndor se sustentó en un feroz anticomunismo y en
la pretendida defensa del “mundo libre” en tiempos de la Guerra Fría,
como pretexto para asesinar a los opositores.
Durante el régimen
criminal de Álvaro Uribe Vélez (2002-2010) se intentó revivir el Plan
Cóndor, a nombre de la “lucha internacional contra el terrorismo”. Para
eso, el Estado colombiano quiso extender a otros países del continente
latinoamericano sus concepciones, de estirpe estadounidense, sobre la
“soberanía limitada” y persecución de sus opositores, tildados con el
mote de “terroristas” y en muchos casos contó con la complicidad de
gobiernos del continente. Resulta importante recordar que la Operación
Fénix fue justificada bajo la misma lógica del Plan Cóndor, cuando el
gobierno de Uribe Vélez sostuvo con cinismo que podía violar la
soberanía de otro país en forma impune: "Colombia no violó soberanía
sino que actuó de acuerdo con el principio de legítima defensa...los
terroristas, entre ellos Raúl Reyes, han tenido la costumbre de asesinar
en Colombia e invadir el territorio de los países vecinos para
refugiarse. Muchas veces Colombia ha padecido estas situaciones que
estamos obligados a evitar en defensa de nuestros ciudadanos".
Entre
los casos de aplicación de este nuevo Plan Cóndor se cuentan los de
Rodrigo Granda, Joaquín Pérez y Miguel Ángel Beltrán, entre otros. Este
último fue secuestrado en México, en una acción conjunta de los Estados
de México y Colombia, deportado en forma ilegal a nuestro país,
torturado y maltratado. No fue ni una captura ni una deportación normal,
como dicen los medios de desinformación criollos, sino una acción
propia del terrorismo de Estado, al peor estilo de la Operación Cóndor.
Valga recordar que en declaraciones que no tiene nada que envidiarle a
las de criminales de la talla de Augusto Pinochet o Rafael Videla cuando
se referían a los perseguidos políticos, Álvaro Uribe Vélez sostuvo en
un Consejo Comunitario en Leticia: “Hago llegar nuestra más sentida voz
de gratitud al presidente Calderón porque en México se acaba de capturar
a uno de los terroristas más peligrosos de la organización
narcoterrorista de las FARC”. A lo que agregó: “Nuestra complacencia
porque este profesor de sociología dedicado a ser profesor del crimen
esté hoy en las cárceles colombianas. Gracias por la buena voluntad del
presidente de México”.
Este es un hecho que debe recordarse una y
mil veces, porque los “connotados juristas” que tanto pontifican sobre
ese pulcro Estado de Derecho que sería Colombia, ni lo mencionan, como
si en esa circunstancia no se encontrara el origen mismo de todas las
arbitrariedades cometidas contra Miguel Ángel Beltrán que justifican a
posteriori al régimen criminal de Álvaro Uribe Vélez, el cual convirtió
en práctica cotidiana la violación del derecho internacional e hizo de
Colombia un vulgar Estado canalla.
Sicarios con micrófono y lumpen-intelectualidad
Otro
prototipo funcional al terrorismo de Estado es el sicario con micrófono
(o con procesador de palabras), que actúa en forma criminal a nombre de
la libertad de prensa, pero que reproduce la cartilla que le obliga a
recitar el dueño del canal de TV, de la cadena radial o de un periódico.
Con la arrogancia que le otorga la impunidad institucionalizada para
difamar, calumniar y mentir, cada uno de esos sicarios mediáticos coloca
en la mira de los asesinos materiales a aquellas personas que el
régimen considera como incomodas, y a las que se cataloga de
“terroristas”.
Al respecto, desde el mismo momento en que Miguel
Ángel Beltrán fue secuestrado en México y traído ilegalmente a
Colombia, los medios de desinformación (RCN, Caracol, El Tiempo, El
Espectador…) se encargaron de reproducir la versión oficial –ocultando
la magnitud de los crímenes del Estado colombiano y reproduciendo, sin
ningún sentido crítico, las mentiras propaladas por el régimen de Álvaro
Uribe Vélez. Al respecto y solo para mencionar un ejemplo de actuación
sicarial a través del micrófono, vale la pena recordar la entrevista
radial que el 3 de junio de 2009 le hizo Félix de Bedout a Miguel A.
Beltrán –mientras este se encontraba privado de la libertad en la Cárcel
Modelo de Bogotá– que más que una charla periodística se asemeja al
interrogatorio de un policía o militar. Entre muchas perlas,
prototípicas de la impunidad que concede el servir a los grandes medios
de desinformación, ese periodista sostiene: “La actividad intelectual
acaba siendo utilizada como mampara para lo que es una relación de
complicidad con las FARC”. Estos son los periodistas que no preguntan
sino que disparan ráfagas de odio y mentiras, que acusan y acosan a la
persona que está al otro lado, a la que no se le concede la más mínima
credibilidad, que sí es absoluta con respecto a las versiones oficiales.
Entre estos sicarios con micrófono se encuentran un enjambre de
“funcionarios del pensamiento” –una auténtica lumpen-intelectualidad–
que agrupa a académicos, artistas, cantantes, escritores, profesores
universitarios, periodistas, antiguos guerrilleros arrepentidos… los
cuales han contado con el aval del régimen para mentir y calumniar desde
sus tribunas de opinión. Como bien lo dice Carlos Alberto Ruiz: “Esa
fusión o amalgama de empresarios/funcionarios/periodistas decide qué es
noticia y qué no. ¿Por qué van a ser menos moralmente muchos de los
sicarios que disparan a sus víctimas, que los distinguidos autores de
silencios y salvoconductos en la cadena del genocidio? Su puntería es
semejante”. Desde esta perspectiva, la lumpen-intelectualidad ha sido
coparticipe de los crímenes del terrorismo de Estado y su “guerra
sucia”, –incluyendo la persecución a los intelectuales críticos, como
Miguel Ángel Beltrán- porque: “La condición sine qua non de que una
guerra sucia sea eficaz es conceder a quien la ejecuta la insignia de la
razón y el blindaje de la impunidad. Cómodamente, desde sus
escritorios, son miles de civiles los que deliberadamente participan del
negocio de la guerra contrainsurgente en Colombia y patrocinan sus
dispensas o absoluciones. Otros, de forma no intencional, como se dice
de los efectos del mercado, quizá por desinformación, también colaboran
[…] Unos y otros, de cara a las víctimas de crímenes de Estado en
Colombia, conforman una gran manada dispuesta a tergiversar, negociar y
olvidar”.
Los nuevos inquisidores y la muerte laboral
El
terrorismo de Estado en Colombia adquiere nuevos matices, y se
“sofistica” con la invención de nuevas formas de violencia y
persecución, encubiertas con procederes de un pretendido Estado de
Derecho, porque esas acciones represivas se muestran como un resultado
de decisiones independientes de determinados órganos del Estado (como
los del sector judicial o de la vigilancia administrativa). Entre los
nuevos procedimientos de persecución, sobre todo para aquellas personas
vinculadas como empleados del sector público, se encuentra la muerte
laboral, aunque en rigor sería mejor denominarlo como el asesinato
laboral. Este consiste no sólo en despedir de su cargo a un funcionario,
sino en prohibirle que vuelva a ejercer algún cargo durante largos
períodos de tiempo o el resto de su vida. Esto tiene razón de ser cuando
se trata de funcionarios inmersos en procesos de corrupción,
malversación, uso indebido de su cargo, etc., pero tiene finalidades
políticas expresas cuando se les aplica a personas cuyo “delito” radica
en cuestionar el orden existente, porque eso se constituye en una
abierta forma de persecución a quienes son vistos como “incomodos” o
“enemigos”. Por supuesto, estas nuevas acciones terroristas, ejercidas
por el Estado, no aparecen registradas en códigos o normas legales,
porque en teoría se respeta la libertad de pensamiento y de opinión,
pero en la práctica sí que se aplican.
La persecución de los
funcionarios que piensan o cuestionan es propia de la inquisición, como
lo atestigua el comportamiento del actual Procurador General de la
Nación, Alejandro Ordoñez, cuyas concepciones sobre la vida y la
sociedad son propias de cualquier Torquemada, lo cual no sorprende en
alguien que es miembro de la Congregación Legionarios de Cristo y cuya
“tesis de grado” en Derecho en la Universidad Santo Tomas de
Bucaramanga, fue dedicada a la Virgen María, "suplicándole la
restauración del orden cristiano y el aplastamiento del comunismo ateo" y
quien durante su juventud se dedicó a quemar libros. Pues este
personaje, aparte de acusar y perseguir a sus enemigos (pensadores
críticos, militantes de izquierda, homosexuales, prostitutas…) y
absolver a sus amigos (militares, paramilitares, uribistas…), aplica a
rajatabla la muerte laboral, algo que nadie cuestiona.
Una y
otra de estas dos detestables prácticas (la del inquisidor y la de
aplicar la muerte laboral) del Procurador General de la Nación han sido
replicadas en la Universidad Nacional por los viejos y nuevos
inquisidores –muchos de ellos camuflados como “geniales juristas” que
defienden el “Estado de Derecho” (sic) –, encabezados por Ignacio
Mantilla, un burócrata gris y mediocre, cuando han decidido acatar la
orden de destituir al profesor Miguel Ángel Beltrán. Porque este Rector
no sólo replica la persecución inquisitorial del Procurador Ordoñez,
sino que además decreta la muerte laboral de un miembro de la comunidad
docente de esa universidad, al aceptar su sanción durante trece años
para ejercer cualquier cargo público. Es un asesinato laboral, porque,
recordando a Bertolt Brecht, existen muchas maneras de matar y entre las
peores se encuentran privar a un ser humano de la posibilidad de
ganarse el pan mediante la actividad que sabe hacer. Eso es lo que se ha
hecho contra Miguel Ángel Beltrán al privarlo, con premeditación y
alevosía, de la labor de impartir cátedra e investigar, en lo que ha
demostrado un altísimo nivel.
Parece ser que algunos académicos
de la Universidad Nacional y de las universidades públicas son tan
ciegos, como los ciegos de José Saramago, que ni siquiera entienden o no
quieren entender que si la muerte laboral ha sido aplicada a uno de los
profesores de la UN mañana puede ser aplicada a cualquier otro y
acudiendo a las mismas mentiras que se han construido contra Miguel
Ángel Beltrán.
Resistencia y dignidad
Miguel
Ángel Beltrán nunca ha querido presentarse como víctima, porque en el
fondo no cree en la “victimologia” que se ha impuesto en Colombia y en
el mundo en los últimos tiempos, cuya finalidad es la de confundir el
sentido de la acción, en la que las personas pasan de ser sujetos
conscientes y activos que luchan por otro proyecto de sociedad, distinta
al capitalismo, a ser individuos pasivos y resignados. En ese sentido,
resulta mejor hablar de sujetos que combaten y resisten, aunque lo más
común es que sean derrotados, esa derrota no supone reducir su capacidad
de acción, su dignidad y su coraje, porque tienen claro por qué luchan y
para qué.
Miguel Ángel Beltrán no es una víctima, es un
luchador y como tal ha afrontado en forma digna la persecución a que lo
somete el Estado terrorista, porque sabe y comprende que eso no es
producto de la fatalidad o de la mala suerte, sino un resultado
perfectamente normal por asumir una posición clara y firme ante la
opresión, la explotación, la desigualdad y la injusticia dominantes en
Colombia. Él ha resistido en los distintos espacios a donde se ha
encontrado, como en la universidad, en la prisión o en el exilio, porque
es consciente que la lucha no cesa, cuando se ha asumido el compromiso
indeclinable de enfrentar la ignominia.
Los vencidos ni en la
derrota adjuran de su condición, porque saben que, como ellos, en otros
lugares existen hombres y mujeres que no admiten que capitalismo sea el
mejor y único mundo posible. Y en Colombia son los que se niegan a creer
que acá reina la Democracia, el Estado de Derecho, la libertad de
prensa y que el bloque de poder contrainsurgente está formado por mansas
palomas. Asimismo, son los que conciben que nuestro conflicto armado
tiene raíces sociales e históricas, afincadas en la profunda desigualdad
e injusticia que predomina en el país.
Precisamente, por hacer
este tipo de consideraciones a Miguel A. Beltrán y a muchos colombianos
se les ha acusado de ser traidores a la patria. Y, en efecto, todos
estos hombres y mujeres valientes que han arriesgado su vida por hacer
oír su voz en medio del desierto mediático y el conformismo cómplice de
millones de colombianos, pueden ser considerados como “traidores a
patria”, tal y como lo expreso el poeta turco Nazim Hikmet, (1902-1963),
con estos versos:
Traidor a la patria
Sí.
Yo soy un traidor a la patria,
si vosotros sois los patriotas.
Si vosotros sois los defensores de esta patria,
yo soy traidor a la patria.
Yo soy traidor a la patria,
si la patria son vuestros ranchos,
si es todo lo que hay en vuestras cajas de caudales,
si es todo lo que hay en vuestros talonarios de cheques.
La patria.
Si la patria es reventar de hambre en las calles.
Si la patria es temblar de frío afuera como un perro
y retorcerse de paludismo en verano,
si es beber nuestra sangre escarlata en vuestras fábricas.
La patria.
Si la patria son vuestras garras de grandes latifundistas.
Si la patria, es el catecismo armado de lanzas.
Si la patria, es la porra de la policía.
Si la patria son vuestros créditos y vuestras remuneraciones.
La patria.
Si la patria son las bases americanas,
la bomba americana y los cañones de la flota americana.
Si la patria no es liberarse de nuestras podridas tinieblas,
entonces, yo soy traidor a la patria.
Los
que luchan como Miguel Ángel Beltrán son amantes de la vida y repudian
la muerte, que es una característica intrínseca al fascismo y todos sus
cultores. Y como amante de la vida, en momentos críticos de su
existencia –como el que atraviesa en este momento– la vida misma lo
premia iluminándolo con la luz de nuevos seres. Cuando estuvo en
prisión, luego de su secuestro en México, nació su hijo Inti y ahora, en
medio del acoso y persecución judicial del Estado colombiano viene en
camino un nuevo hijo, con su valerosa compañera, Natalia. Esa es una
señal, para Miguel Ángel y ella, de amor y de compromiso, a pesar del
dolor que soportan y de la miseria humana que los asfixia, porque como
lo dijo José Martí: “La capacidad de amar es la única que hace al hombre
grande y feliz.”
NOTAS
1. Dana
Priest, «Covert action in Colombia. U.S. intelligence, GPS bomb kits
help Latin American nation cripple rebel forces», The Washington Post,
diciembre 21 de 2013. Traducido al castellano por Patricia Rivas:
Destapan multimillonario plan de la CIA para asesinar a dirigentes de la
insurgencia, disponible en
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=178552
2.
Central Intelligence Agency, Directorate Intelligence, Best Practices
in Counterinsurgency. Making High-Value Targeting Operations an
Effective Counterinsurgency Tool, Julio 7 de 2009, pp. 2, 6 y 9.
3. “Contrainsurgencia a la medida”, Editorial de La Jornada, diciembre 19 de 2014.
. HYPERLINK "
http://www.elespectador.com/noticias/judicial/tribunal-superior-condeno-rebelion-al-profesor-miguel-a-articulo-533963"
http://www.elespectador.com/noticias/judicial/tribunal-superior-condeno-rebelion-al-profesor-miguel-a-articulo-533963, énfasis en el original.
4. Martha Nussbaum, Sin fines de lucro. Por qué la democracia necesita de las humanidades, Editorial Katz, Bogotá, 2012, p. 43.
5.
El mejor ejemplo al respecto, típico de un culto a la norma que
caracteriza al leguleyismo santanderista que impera en Colombia, es el
de Rodrigo Uprimmy. Ver al respecto: Atacable pero acatable. A propósito
de la sanción al profesor Beltrán y del artículo del profesor Múnera,
disponible en
http://palabrasalmargen.com/index.php/articulos/nacional/item/atacable-pero-acatable-a-proposito-de-la-sancion-al-profesor-beltran-y-del-articulo-del-profesor-munera
6. Piedad Ortega, Carta Abierta de la Profesora Piedad Ortega
Valencia a la Comunidad Universitaria de la UN, UPN, UD, y demás
Universidades Públicas del País, disponible en
http://upublicaresiste.blogspot.com/2014/09/carta-abierta-de-la-profesora-piedad.html
7. “Colombia se defiende” en Agencia BBC Mundo, 2 de marzo de 2008 ‹
http://news.bbc.co.uk/hi/
spanish/latin_america/newsid_7274000/7274034.stm›
8. La Jornada, mayo 24 de 2009, p. 7.
9.
“Agradece Uribe a México captura y deportación de presunto rebelde”,
INFORMADOR.COM.MX, 23 de mayo de 2009, disponible en HYPERLINK "
http://www.informador.com.mx/internacional/2009/105577/6/agradece-uribe-a-mexico-captura-y-deportacion-de-presunto-rebelde.htm"
http://www.informador.com.mx/internacional/2009/105577/6/agradece-uribe-a-mexico-captura-y-deportacion-de-presunto-rebelde.htm
10. “Entrevista concedida al programa radial de la W”, publicada
en Miguel Ángel Beltrán Villegas, Crónicas del “otro cambuche”, ASPU,
Bogotá, 2011, p. 258.
11. Carlos Alberto Ruíz Socha, Prologo al libro
de Ricardo Ferrer Espinosa y Nelson Javier Restrepo Arango, Nos matan y
no es noticia. Parapolitica de Estado en Colombia, Ediciones Cambalache,
Madrid, 2010, p.
12.. Ibíd.
(*) Renán Vega Cantor es historiador. Profesor titular de la
Universidad Pedagógica Nacional, de Bogotá, Colombia. Autor y compilador
de los libros Marx y el siglo XXI (2 volúmenes), Editorial Pensamiento
Crítico, Bogotá, 1998-1999; Gente muy Rebelde, (4 volúmenes), Ed.
Pensamiento Crítico, Bogotá, 2002; Neoliberalismo: mito y realidad; El
Caos Planetario, Ediciones Herramienta, 1999; Capitalismo y Despojo, Ed.
Pensamiento Crítico, Bogotá, 2013, entre otros. Premio Libertador,
Venezuela, 2008. Su último libro publicado es Colombia y el Imperialismo
contemporáneo, escrito junto con Felipe Martín Novoa, Ed. Ocean Sur,
2014.
