La crisis carcelaria en Colombia es consecuencia de la nefasta política neoliberal aplicada al sistema carcelario.
En el día más importante para los trabajadores y proletarios del mundo, saludamos a los miles de luchadores(as) políticos(as) y sociales que se encuentran prisioneros(as) por luchar por un mundo mejor, por el socialismo y la justicia social.
Desde la revolución francesa, la comuna de Paris y las grandes gestas revolucionarias de la historia, los regimes capitalistas han utilizado la cárcel como forma de represión a las luchas obreras y campesinas, intentando en vano detener el fervor revolucionario que alienta el espíritu de los millones de inconformes que no aceptan un mundo de explotación y miseria diseñado para que unos pocos sean cada vez más ricos a costa de la muerte y la exclusión de la mayoría de la población.
La rebeldía revolucionaria no le teme a la cárcel, por el contrario hace de ella otra trinchera de lucha desde la cual combatir el régimen capitalista y desnudar los horrores que se esconden detrás de la mal llamada “justicia burguesa”. Que no es otra cosa que corrupción de todos sus componentes, entre los que destaca por su ineficiencia el INPEC, o mal llamado instituto de administración de penas, vigilancia y control interno, cooptado por poderes mafiosos al interior de muchas cárceles y dirigido desde el estado por la policía nacional, que mediante convenio con el ministerio de justicia; asume la dirección general de esta entidad bajo la lógica contrainsurgente, en la que los guardianes se convierten en una fuerza de ocupación y represión de un mundo cerrado en el que las paredes limitan la frontera de movilidad de los internos y dividen la realidad entre la que se vive al interior de las cáceles y por fuera de ellas.
Las cárceles son en esencia, el microcosmos de toda la sociedad, en las que se evidencian la lucha de clases, a través de la híper aceleración de las desigualdades sociales, el frenesí de la agresividad económica, la erupción de tribus urbanas manipuladas en su mayoría por el poder reaccionario de la ideología de derecha, que defienden de manera violenta y criminal del statu quo en las prisiones y fuera de ellas; es decir la epidemia del capitalismo salvaje como forma de dominación que castiga a los que se oponen a ese destino manifiesto cruel e inhumano: con la muerte, la cárcel, la guerra o el manicomio.
Es imperativo, por tanto, para el pensamiento revolucionario actual, afirmar en la acción y la lucha, la sabia sentencia del filósofo T. Adorno; que dice: “Hoy como ayer, la filosofía debe averiguar, sin atenuante alguno, Por qué el mismo mundo que podría ser un paraíso aquí y ahora puede convertirse en un infierno mañana”. Es decir, detener la guerra, la prisión, la destrucción del medio ambiente y la muerte masiva a causa de la voracidad del gran capital; que vuelven al mundo un infierno global para millones de personas.
El derecho a la salud en las cárceles no existe. La negación de este derecho fundamental para más de 140.000 prisioneros y prisioneras es evidente; la liquidada CAPRECOM y ahora la UESP (Unidad especial de servicios penitenciarios) le adeudan a los hospitales 1,5 billones de pesos. Ante esta crisis, los Ministerios de Justicia, Hacienda y Salud, el Inpec y la Unidad de Servicios Penitenciarios (Uspec) crearon en el año 2016, un Fondo Nacional en el que se asegura el dinero destinado para el pago de servicios de salud de los presos, a las IPS y centros hospitalarios. Sin embargo, ese fondo es igual de ineficiente, burocrático y corrupto como la antigua CAPRECOM.
Como consecuencia de la crisis y la gigantesca deuda, la lista de hospitales y clínicas que se niegan a prestar el servicio a la población reclusa del país, es larga y va en aumento. De acuerdo con un listado publicado por la Superintendencia Nacional de Salud, en gran parte de hospitales e IPS, no le prestan servicios de salud a los y las prisioneros(as), entre las que reseñamos la: la Clínica Colombia, el Instituto Nacional de Cancerología y los Hospitales Santa Clara, Meissen, Hospital San Carlos, La Victoria, Fontibón, San Blas y La Granja, en Bogotá; el hospital Universitario de Santander y la Fundación Oftalmológica En Bucaramanga, el Hospital Erasmo Meoz en Cúcuta, el centro hospitalario de la Universidad de Pamplona; el Hospital Manuel Uribe en Envigado, el Hospital Mental de Antioquia en Medellín; el Hospital Federico Lleras Acosta en Ibagué, el Hospital San Jorge en Pereira y la Clínica Versalles de Manizales.
Lo que ha provocado muertes constantes de presos por falta oportuna de atención médica, como la que ocurrió a principios en la cárcel la 40 de Pereira, en la que falleció el prisionero político Jhon Jairo Moreno Hernández; y que en las enfermerías de los centros penitenciarios no haya en este momentos medicamentos ni personal médico para atender a los internos.
Finalmente llamamos a la solidaridad con las luchas y jornadas de protesta que adelantan los prisioneros políticos y sociales en todo el país, en especial con la huelga de hambre iniciada el 30 de abril por los prisioneros de la cárcel Doña Juan de la Dorada, exigiendo la salida inmediata del ESMAD de esta prisión, el levantamiento de la prohibición de ingreso de bebidas y alimentos, la solución al suministro de agua potable, la entrega de medicamentos esenciales para los internos enfermos y el traslado a un patio especial de todos los prisioneros políticos y de guerra, tal como se comprometió el gobierno nacional a realizar, como parte de los compromisos asumidos en la mesa de negociación de la Habana, para mejorar las condiciones de reclusión de miles de prisioneras y prisioneras políticos(as) en Colombia.
¡Exigimos el indulto y la amnistía general para todos(as) los(as) prisioneros(as) políticos(as) de Colombia!
¡En tiempos de paz la prisión no es la solución!
¡No estamos todos(as) faltan los prisioneros(as) políticos(as)!
Fundación de Solidaridad y Defensa con la Población Carcelaria de Colombia “Juan David Pineda Cardona” - Coalición Larga Vida a las Mariposas del Noroccidente Colombiano