El Capitán Malagón y su tinte paramilitar

La Fundación Lazos de Dignidad -FLD- difunde CARTA PÚBLICA, elevada por el prisionero político JOSE MARBEL ZAMORA PEREZ, recluído en la Cárcel de Máxima Seguridad de Valledupar la “tramacua” por los graves hechos de  tortura y abusos que violentan su dignidad humana y el derecho a la integridad personal a la que fue sometido con ocasión de su reciente traslado a este centro de reclusión. Nos solidarizamos con el fin de visibilizar los tratos indignos e inhumanos a los que son sometidos los prisioneros en las cárceles colombianas.

Jose Marbel Zamora Perez, líder del MNC y Prisionero de Guerra de las FARC-EP

 A continuación la carta:

-“… y qué Zamora ahora si viene juicioso,”

-“… claro capitán como siempre, igual de juicioso”.

Fueron las palabras que cruzamos con el capitán Malagón, Comandante máximo del cuerpo de custodia y vigilancia en la “Tramacua”.

Como siempre sus palabras cargadas de ironía y advertencia, por eso no es extraño que se presentaran los siguientes hechos que relataré:

Primero. Llegué nuevamente de traslado del ERON-PICOTA de la ciudad de Bogotá en una avioneta de la Policía Nacional. Ahí comenzaron las irregularidades ya que estaban pendientes diligencias judiciales para los días 9 y 13 de Julio en las instalaciones de la Fiscalía general de la Nación. Sin ninguna explicación razonable se me devuelve para Valledupar. Es casi seguro que ya no voy a ser remitido a dichas diligencias por lo tanto como en repetidas ocasiones se me vulnerará el Derecho al Debido Proceso, Derecho a la defensa y demás.

Segundo. Como si fuera poco venía acompañado por cuatro presos más, dos reconocidos paramilitares y otros dos de la nueva era paramilitar (Bacrim). Todos llegamos en igualdad de condiciones, pero en un par de horas los cuatro fueron enviados a sus patios y ubicados en sus correspondientes celdas. Sólo a mí, me fue negado ese derecho y ante mi reclamo para que fuera enviado a la torre 5 donde estaba radicado, se argumentó que en mi caso se requería de la Junta de Patios y debía esperarme. Dicha espera se prolongó por cuatro (4) días; cuatro días en que fui recluido en un locutorio o sitio donde los abogados atienden a sus defendidos, pero que en muchas ocasiones en esta “Tramacua” son utilizados como calabozo de aislamiento o castigo. Es decir, sin ninguna razón fui internado por orden del Capitán Malagón a cuatro días de castigo y aislamiento en un calabozo que no tenía baño y por consiguiente ni una gota de agua.

Tercero. El día martes se me informó que ya se me asignaba patio, que me correspondía otro diferente a la torre 5, no me extrañó en nada la decisión de cambiarme de patio donde tenía mi colchoneta, algunos libros, los “sagrados” recipientes para almacenar el agua y en especial los amigos y camaradas. Fui reubicado en la torre 3 reconocida por la alta cantidad de presos por paramilitarismo. Imagino que para el capitán también debía ser parte del castigo.

Cuarto. Asignado para la celda 203, donde encontré otro calabozo peor, no tiene sanitario y genera olores nauseabundos, no tiene energía, ni siquiera unos cables para tratar de iluminarla, sin colchoneta porque para variar el INPEC no tiene presupuesto para ellas, sin recipiente para el agua; en esa parte de la estructura es donde se concentra la mayor cantidad de zancudos y como aquí en un acto irracional son prohibidos los toldillos, por supuesto en estas primeras noches no se ha podido dormir por estar ocupado en duros combates con los zancudos. Ahhh y de estudiar ni que decir, de poder leer o desarrollar mis trabajos para la universidad ya que adelanto estudios en Licenciatura en Filosofía en la UNAD. Para terminar el cuento de la celda, como en todas las de esta cárcel no llega nunca el agua, sin un mínimo radio transistor porque es considerado como elemento peligroso y por lo tanto prohibido… como la ven!

Califiquen ustedes, si la “Tramacua” no es el mayor centro de tortura y negación de la dignidad humana por que lo aquí comentado no le pasa sólo a “chucho”, es lo habitual en la vida de la mayoría de los prisioneros.

A las directivas no les importa y nada hacen por revertir estas condiciones y el desprestigio de este antro. Se hacen sordos a los mismos fallos judiciales como el de la Sentencia T-282 de octubre de 2014 que ordena el cierre de esta bodega de seres humanos por la violación masiva de los Derechos Humanos. A la reciente denuncia hecha por la Defensoría del pueblo que sólo hace seis días reiteró que en la “Tramacua” se siguen violando los DDHH, que hay casos de tortura, no hay agua y los alimentos que se le deben entregar a los internos fueron encontrados en descomposición, esto, lo encontró en la visita de control (ver informe defensoría del pueblo y noticias RCN del 6 de julio de 2015).

Señor capitán, usted es un hombre con cierta formación académica, y con experiencia en el INPEC, yo pensé que usted lograra percibir y entender que la moral de un guerrillero de las FARC-EP no se desquebraja con este tipo de represión. No se le olvide que somos tercos y necios y no claudicamos en nuestras convicciones, que luchamos es para vencer. Y aunque usted o algunos no les guste, seguiremos “muy juiciosos como siempre”, no importa la cárcel o el patio, en nuestra tarea de defensa de los Derechos Humanos de toda la población carcelaria.

No tiene necesidad capitán de mostrar su tinte paramilitar, que eso no asusta para nada.

Al contrario, me llena de fortaleza la solidaridad de los los prisioneros de la torre 5 que con firmas pedían mi presencia en ese patio o la de algunos guardias que me manifestaban que no había necesidad de sus atropellos y se mostraban muy amables, y de mis nuevos compañeros de la torre 3 que vieron con buenos ojos mi llegada a ésta y me recibieron con respaldo.

Se da cuenta capitán, usted lo único que ha logrado es hacerme más fuerte en mis convicciones y al contrario de lo que imaginó, seguiré en la brega por la vida digna en las prisiones y a entender que todo esto nos más elementos para exigir el cierre de esta Guantánamo de Colombia, para decir LA TRAMACUA… NUNCA MAS!.

JOSE MARBEL ZAMORAL PEREZ
Jesús Nariño (chucho)
Cárcel de Máxima Seguridad de Valledupar / Cesar
La Tramacua… la Guantánamo de Colombia.

Julio 2015

VIVA EL MOVIMIENTO NACIONAL CARCELARIO

LA TRAMACUA… NUNCA MAS!

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El Estado colombiano encarcela a la oposición política

Pronunciamiento Fundación de Solidaridad y Defensa con la Población Carcelaria de Colombia, "Juan David Pineda Cardona".

Las detenciones que se realizaron en Bogotá el día miércoles 06 de julio en las que fueron encarcelados 13 activistas y dirigentes sociales del movimiento Congreso de los Pueblos, acusados de pertenecer al ELN y de ser los autores de los atentados perpetrados en la ciudad de Bogotá desde el pasado 20 de Mayo, son la punta del iceberg de una estrategia de detenciones masivas  que sistemáticamente se vienen presentando a lo largo de todo el país y que ha sido especialmente grave en el primer semestre de 2015.

"Libertad para las y los prisioneros políticos"

Las características son similares y la forma como la informan los medios de comunicación, con base en los informes de policía o ejército, se repiten: “Capturados presuntos colaboradores de las Farc en Guaviare ”(1), “Policía capturo a 16 colaboradores del frente 48 de las Farc en Putumayo ”(2), “encarcelados presuntos colaboradores de las Farc en Baraya Huila”(3), “capturados los salchichas colaboradores del frente 25 de las Farc en el sur del Tolima”(4), “la Policía Nacional detuvo 15 presuntos miembros de las milicias urbanas del ELN, quienes estarían detrás de los ataques que conmocionaron a la capital del país”(5), “Capturaron a dos presuntos milicianos del Eln en Cerrito, norte de Santander ”(6). Todos estos sucesos se refieren a detenciones realizadas entre Febrero y julio de 2015, es decir, en el primer semestre del año nuevamente se han incrementado las detenciones de personas sindicadas de colaborar con las FARC-EP y el ELN. Estas capturas se realizan en territorios donde se presentan combates o acciones insurgentes contra miembros de las fuerzas militares o la infraestructura económica y por lo general las órdenes de captura las emiten los jueces después que se presenta un atentado por parte de los grupos guerrilleros o un choque armado con las fuerzas militares.

En este libreto, las capturas son presentadas como un golpe a la subversión, pero por lo general los capturados no se les vincula a los procesos penales como combatientes de la guerrilla, sino como colaboradores de la insurgencia; y es allí donde aparecen  las zonas grises en el acerbo probatorio que presenta la fiscalía para sustentar sus casos.

Es recurrente que a los detenidos se les acuse de “llevar información a la guerrilla”, “suministrarle víveres, brindarles alimentación y techo”, “extorsionar a los habitantes de la zona”, ”realizar labores de mensajería para los grupos armados” o “articularse para realizar acciones terroristas”, como el caso de los detenidos en la ciudad de Bogotá. Estas detenciones se han realizado en  el Guaviare, sur del Tolima, Cauca, Putumayo, Huila, Santander, Bogotá ,entre otras regiones, en tan solo 5 meses. Lo que suma más de 100 personas detenidas acusadas de rebelión en el primer semestre del 2015.

En la mayoría de estos operativos, el perfil de los detenidos es similar: Campesinos de zonas donde existen cultivos ilícitos, minería, o conflictos por la tierra y zonas de colonización campesina de regiones como Cauca, Caquetá,  Arauca, Guaviare, Catatumbo, Nariño,  o habitantes de los cascos urbanos de barrios de invasión de municipios como Tumaco, Mocoa, Guapi, el Tarra, Caloto, Dolores, Florencia, etc, en los que se han incrementado los ataques de la insurgencia. En las grandes ciudades como Bogotá los detenidos son preferentemente: Estudiantes, defensores de DD HH, profesores, militantes de organizaciones de izquierda o activistas de ONGs.

El objetivo de estas masivas detenciones, es confirmar la estrategia de consolidación militar de las zonas en conflicto y golpear el tejido orgánico del movimiento social en el país, bajo el ropaje justificatorio de combatir el terrorismo. La fiscalía de la mano con el ejército y la policía fabrica artificiosamente casos en contra de líderes  comunitarios para demostrar que los organismos militares y el aparato judicial están golpeando de manera efectiva  a la insurgencia y en especial  a sus redes de apoyo; con esta lógica neutralizan cualquier crítica a sus procedimientos.

A los sospechosos los encartan con acusaciones aparentemente solidas que incluyen grabaciones, interceptaciones, declaraciones de supuestos desmovilizados de la guerrilla, retratos hablados, entre otros artilugios penales. Con este conjunto prefabricado de indicios, los fiscales de cualquier seccional del país construyen “la teoría del caso”, no hay diferencias en las audiencias de captura que se realizan en Guaviare de las que se realizan en el Tarra o las recientemente realizadas en Paloquemao en Bogotá, los roles son los mismos, los actores también: solo cambia el rostro y el nombre del acusado, condenado de antemano por jueces y fiscales que bostezan mientras repiten la letanía jurídica que legaliza las capturas y define a que cárcel enviaran a otro prisionero político más, que por supuesto no aceptara los cargos, para que espere la condena tras las rejas.    

De un lado la fiscalía de la mano de la policía y ejército, presentando la acusación para demostrar la responsabilidad y culpabilidad de los acusados y exigiendo la detención intramural (la pena de cárcel) sin beneficio de fianza o prisión domiciliaria ´para los sindicados. De otro lado la defensa sin garantías procesales ni recursos técnicos para ejercer a cabalidad su labor y en el centro los jueces que en la mayoría de los casos ordenan prisión inmediata a los sindicados, so pena que de no hacerlo sean demandados por la fiscalía ante la judicatura por no velar por la seguridad ciudadana y dejar libres a terroristas. 

Es decir el aparato de justicia puesto al servicio de la estrategia contrainsurgente del estado, para seguir produciendo falsos positivos judiciales aun a costa de llevar a la cárcel a personas inocentes elegidas aleatoriamente en el universo de sospechosos habituales del sistema, que como una máquina replica los procedimientos en todo el país y condena a miles de ciudadanos a enfrentar el leviatán del sistema penal acusatorio Colombiano, una nefasta imitación del ya instrumentalizado sistema penal anglosajón.

Es una  falacia que la carga de la prueba favorece a los sindicados,  lo que sucede realmente es que la carga de la prueba de su inocencia la tiene que demostrar el acusado. La presunción de inocencia es fácilmente vencida por el valor preponderante que se da a los argumentos de la fiscalía en todo el proceso judicial, si es en un caso en el que el delito imputado es de rebelión o terrorismo, las posibilidades de demostrar la inocencia de un sindicado ante el juez es una tarea casi imposible.

Las pruebas de la fiscalía ya son conocidas por todo abogado o defensor de Derechos Humanos que haya asistido a estas audiencias:

• Testimonios de desmovilizados, reciclados de procesos anteriores, que se acogieron hace años a la Ley 975 o de justicia y paz, por lo que están comprometidos a colaborar con la fiscalía en cuanto proceso sea necesario, declarando en contra de personas que no conocen pero a las que acusan de auxiliar a las guerrillas para que el estratagema de resultado.
• Grabaciones telefónicas inconexas, interpretadas por investigadores de la policía como “lenguaje encriptado en el que los autores  planean actividades delictivas o reciben órdenes de jefes guerrilleros”.
• Fotografías de  seguimientos a las labores cotidianas de los sospechosos que no reflejan nada ilegal, pero que para el ojo adiestrado del investigador policial “es la demostración de los preparativos de un complot”.
• Pruebas de laboratorio de elementos supuestamente “incautados” a través de los cuales los técnicos forenses acomodan las conclusiones de sus informes para demostrar que los acusados tuvieron acceso a sustancias prohibidas utilizadas en la fabricación de explosivos, armas y demás elementos de uso privativo de las Fuerzas Militares. 

El final de todos estos montajes judiciales es previsible, parafraseando a nuestro nobel Gabriel García Márquez; “es la crónica de una condena anunciada”. 

En Colombia se detienen en promedio más personas por razones políticas que en Venezuela, pero los medios de comunicación y las agencias del gobierno ocultan esa realidad, sorprende escuchar a reconocidos periodistas de grandes cadenas de televisión desgarrándose las vestiduras por los supuestos presos políticos en Venezuela y exigir que se les respeten los DDHH Por parte del gobierno bolivariano que encabeza Nicolás Maduro, pero guardando silencio frente a los prisioneros políticos de Colombia, es decir miran la paja en el ojo ajeno pero no miran en el propio. 

Seguramente no quieren encontrar las razones detrás de estas medidas, que no son otras que reprimir a la oposición política de izquierda; estrategia en la cual la rama judicial de Colombia queda muy mal parada, pues al ser funcional al modelo contrainsurgente del régimen,  es utilizada como arma de guerra.  Atrás quedaron la independencia y principios democráticos de los jueces, hoy son empleados cosificados de un aparato de poder que solo produce presos en masa para el aparato carcelario dirigido por el INPEC.

Razón tienen los negociadores de la delegación de las FARC-EP en la Habana cuando plantean que el marco jurídico para la paz “nació muerto”, esta norma pretende por la vía judicial someter a los guerrilleros al tortuoso camino de la judicialización de sus acciones, para juzgarlos como delincuentes comunes, humillándolos con ofrecimientos indignantes de rebajas de penas si delatan a sus compañeros de armas o se prestan para acusar a nuevos imputados en su mayoría civiles víctimas de falsos positivos judiciales. Con esta arquitectura judicial alcanzar la paz con garantías para la oposición política es una falacia. 

Así como la declaratoria de un cese al fuego bilateral es una condición que garantiza que los enemigos del proceso al interior de las Fuerzas Militares y la ideología militarista de la extrema derecha no atentaran impunemente contra el proceso de paz, la reforma integral de la justicia y la recuperación del humanismo en el derecho penal permitirá que la justicia se libere de la mentalidad contrainsurgente en la que ha sido encadenada por el régimen. Es el momento de exigir avances en el tema de justicia transicional para lograr la paz, esos avances implican que se estudie con rigor la necesidad de otorgar indultos y amnistías a los rebeldes en armas detenidos en las cárceles y extender estos beneficios a los más de 10 mil prisioneros políticos que actualmente están procesados en Colombia, perseguidos por ejercer el derecho a la oposición política de izquierda en un régimen de Derecha. 

¡EXIGIMOS LA LIBERTAD INMEDIATA DE TODOS LOS DETENIDOS POLÍTICOS DEL CONGRESO DE LOS PUEBLOS, ENCARCELADOS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ!

¡EXIGIMOS LA LIBERTAD PARA TODAS Y TODOS LOS PRISIONEROS POLÍTICOS DE COLOMBIA!

¡LA AMNISTIA GENERAL Y LA REPATRIACIÓN DE LAS Y LOS PRISIONEROS POLÍTICOS ES EL CAMINO HACIA LA PAZ CON JUSTICIA SOCIAL!

Julio 13 de 2015

Notas:

1. La Policía Nacional junto con el Ejército informaron que capturaron a cinco presuntos colaboradores de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) en un operativo en el municipio de Miraflores, en el departamento de Guaviare. 24 de febrero, 2015.

2. El director de la Policía Nacional General Rodolfo Palomino, señaló que fueron capturados 16 integrantes de una organización delinquía en el Putumayo dedicada al narcotráfico y que trabajaba de la mano con el frente 48 de las Farc. 4 de junio, 2015.

 3. A la cárcel fueron enviados Rosalba García Cutiva, presunta mensajera de las Farc, detenida en la vereda La Libertad, del municipio de Baraya, y Kiver Aguilar, matarife de la vereda Patía de ese mismo municipio, quienes al parecer colaboraban con el frente 17 de las Farc. 12 Junio 2015.
  

4. En las veredas Vega del Café y Las Pavas, jurisdicción del municipio de Dolores, sur del Tolima, se logró la captura de Eberth Lozano González y su hermano Misael, conocidos con el alias de ‘Los Salchichas’, quienes fueron judicializados por el delito de rebelión. 30 de Abril, 2015.

5. Este miércoles, durante varios operativos en las localidades de Teusaquillo y Suba, la Policía Nacional detuvo 15 presuntos miembros de las milicias urbanas del ELN. 6 de julio, 2015.

6. Dos hombres de 21 y 18 años de edad, que serían milicianos del frente Efraín Pabón Pabón del Eln, fueron capturados por las autoridades en el sitio conocido como ‘Rodeo’, en jurisdicción del municipio de Cerrito, Santander. 25 de Junio, 2015 .

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Respuesta de Renán Vega a una columna de Alfonso Cuéllar publicada en la Revista Semana

Nota aclaratoria: las réplicas que no pública semana

A raíz de la “columna de opinión” que apareció en la versión virtual de Semana el 9 de mayo, con el título “Más rigor, por favor”, escrita por Alfonso Cuéllar, le envíe al Director de Semana la réplica que ahora hago pública. Ni siquiera se acusó recibo de la misma. No me extraña, porque en febrero de este año, luego de la publicación del Informe de la Comisión Histórica, en la edición impresa de Semana se tergiversaron mis palabras. En esa ocasión dirigí una comunicación en la que exigía una rectificación y esta nunca fue publicada. Como abrebocas al escrito de respuesta a las infamias de A. Cuéllar, doy a conocer el texto enviado el 20 de febrero 

Rectificación Indispensable

Bogotá, febrero 20 de 2015

Señor
Alejandro Santos R.
Director Revista Semana:

En la edición No. 1711 –del 15 al 22 de febrero del 2015–, en el artículo “¿Cuándo empezó esta guerra?” comentan los informes de la Comisión Histórica del Conflicto Armado y sus Víctimas (CHCAV). En la página 63, en un recuadro, aparece entre comillas una afirmación que se me atribuye y, se supone, ha sido extraída en forma textual del Informe elaborado por mí o del resumen. Allí se dice: RENAN VEGA: “La guerra colombiana nace de la dependencia y adhesión de Colombia a los Estados Unidos, y se ha prolongado porque esta relación beneficia a las clases dominantes del país. El imperialismo ha favorecido la contrainsurgencia y el terrorismo de Estado”. Tengo que manifestar de manera categórica que esa afirmación no es mía. Es un resumen libre y ligero que hace el redactor del artículo y, aunque capta algunos de los aspectos centrales de mi Informe, se equivoca gravemente cuando dice que la “guerra colombiana nace de la dependencia y adhesión de Colombia a los Estados Unidos”. ¿Quién dice esto leyó de verdad y entendió el Informe?

En ningún lugar yo he dicho que la guerra se originó por acción o iniciativa de los Estados Unidos, puesto que hablo de una contrainsurgencia nativa que opera en Colombia desde la década de 1920, antes del surgimiento de la contrainsurgencia moderna, y las clases dominantes del país y el Estado libran una guerra contra la población colombiana, que comenzaron por sus propios medios desde mediados de la década de 1940, cuando se aniquiló al gaitanismo a sangre y fuego. En el camino, el anticomunismo de las clases dominantes se identifica con la política exterior de los Estados Unidos, cuya acción prolonga el conflicto y alimenta la contrainsurgencia y el terrorismo de Estado, desde la Guerra de Corea (1950-1953). Por esa circunstancia, defino la intromisión de los Estados Unidos como propia de de una “intervención por invitación”.

A la hora de hablar del conflicto armado en Colombia, los periodistas deben ser serios, responsables y veraces -máxime cuando se están glosando los ensayos de un estudio histórico- y no presentar una información sesgada y tergiversar el pensamiento de uno de sus autores.

Por todo lo anterior, solicito la correspondiente aclaración.

RENAN VEGA CANTOR 

Miembro de la CHCAV 

No mires la paja en el ojo ajeno…

“[Que] peligroso… puede ser un micrófono en las manos de un cretino, cuando el tal cretino goza de total impunidad”.

Alfonso Sastre, La batalla de los intelectuales, CLACSO, Buenos Aires, 2005, p. 57.

En la edición virtual de la Revista Semana apareció un artículo de opinión de Alfonso Cuéllar, con el título Más rigor, por favor, el día 9 de mayo de 2015 y dicho artículo permaneció colgado en un lugar visible de esa edición virtual por lo menos durante cuatro días1.

En este artículo se hacen unos señalamientos graves, irresponsables y sin el menor fundamento a mí, con nombre propio, y al informe que escribí para la Comisión Histórica del Conflicto Armado y sus Víctimas, continuando con la cadena de mentiras e infundios que iniciaron Adriaan Alsema de Colombia Reports y la Silla Vacía, con el fin de desvirtuar los resultados que presenta mi ensayo sobre la injerencia de Estados Unidos en Colombia y su directa participación en el conflicto armado que soportamos desde hace más de medio siglo. El mencionado “periodista” al iniciar su columna sostiene: “Todo parece indicar que la presunta violación de 53 menores por gringos en Melgar no tiene fundamento. Grave precedente”. A partir de tan poca seguridad, que se confirma con las palabras “todo parece indicar”, el autor sostiene, eso si ya sin ninguna duda, que “no hay evidencia alguna de que lo dicho por la Comisión y en particular, Vega sea cierto”2. Para sustentar su afirmación recurre a una supuesta “investigación” de Colombia Reports y al artículo escrito por Miguel Rueda, de Fusión.

En mi respuesta a las mentiras divulgadas por La Silla Vacía, que son las mismas que repite Cuéllar, comprobé que sí existen evidencias de los abusos de militares de los Estados Unidos y la cifra de 53 casos yo no me la inventé ni mucho menos, sino que proviene del escrito académico de la investigadora Anna Kucia de 2008 sobre la influencia de militares de los Estados Unidos en algunos aspectos de la sociedad colombiana3.

Cualquiera que tenga dos dedos de frente puede detectar fácil y rápidamente que el artículo de Adriaan Alsema, en Colombia Reports, carece de cualquier fundamento serio, si tenemos en cuenta que su autor reconoce que no lee (porque supuestamente en el mundo moderno estamos muy ocupados), descalifica el informe porque no fue sometido a pares académicos (acaso los periodistas tienen pares académicos cuando escriben y difunden sus mentiras), le pide al rector de la universidad donde laboró que me obligue a hablar con los periodistas, descalifica mis méritos intelectuales por escribir en periódicos y publicaciones de izquierda, asegura que las cosas que yo digo en mi Informe no son ciertas porque son producto de un “antiamericanismo primario” y, lo más llamativo y cínico, que no han existido ni abusos sexuales ni violaciones por parte de militares y mercenarios de los Estados Unidos sino que esa es una invención propia de un simple “mito urbano”4. Creer a pie juntillas en este tipo de sandeces si indica la falta de rigor del señor Alfonso Cuellar y su altura investigativa y su seriedad a la hora de mentir y difamar. Por qué no comparó, con calma y rigor, las estupideces que se encuentran en el artículo de Colombia Reports con mi informe de 60 páginas, que se constituye en una explicación estructural y de largo plazo sobre la presencia de Estados Unidos en Colombia.

La afirmación más irresponsable, y carente de cualquier rigor, de Cuellar sostiene que soy un “un académico que no le pareció necesario investigar antes de publicar; violando un fundamento de su profesión”5. Pues, quien no investigó y se limitó a reproducir los disparates de Colombia Reports y las frases descontextualizadas de Fusión fue el seudoperiodista Alfonso Cuéllar, quien parece que no leyó el Informe que yo escribí, el cual tiene un amplio respaldo documental, y donde además se exploran una diversidad de aspectos sobre la injerencia de Estados Unidos en Colombia, tales como su apoyo a la formación de grupos paramilitares, el patrocinio de la contrainsurgencia y el terrorismo de Estado, su formación doctrinaria a militares involucrados en los asesinatos de Estado (mal llamados “falsos positivos”), su patrocinio al uso del glifosato contra campesinos e indígenas, su alianza con grupos de asesinos (como los PEPES en Medellín) y un largo etcétera.

Carece por completo de cualquier rigor y seriedad un individuo que, goza del privilegio de escribir en un medio informativo de los dueños de Colombia, para señalarme como irresponsable en mi labor investigativa, basándose en las “habladurías escritas” de Colombia Reports, sin preocuparse por indagar lo que allí se dice.

Además, a Cuéllar le preocupa que supuestamente haya impuesto una “verdad absoluta para la opinión pública”, que no aclara cuál es, pero que parece referirse al hecho de que son responsabilizados como causantes y generadores de violencia el Estado colombiano, las clases dominantes –así como sus medios de comunicación tradicionales, como la Revista Semana-. Esto es lo que le incomoda a nuestro “riguroso” opinólogo, quien no necesita ni siquiera leer, sino que deja que otros lean por él, y luego, con la impunidad que le da el poder de figurar en un poderoso medio de desinformación, calumnie y descalifique a quienes no están de acuerdo con las falsas verdades de las clases dominantes de Colombia. Porque, hay que subrayarlo con claridad, no estamos ante una simple opinión de Alfonso Cuéllar sino que él miente, desinforma y tergiversa en forma malintencionada, al decir, sin ningún respaldo, que yo no tengo evidencia documental sobre los abusos sexuales de militares de los Estados Unidos.

Porque, en últimas, lo que le preocupa a Cuéllar radica en que se sepa la verdad acerca de la responsabilidad de los poderosos de este país –incluyendo a sus sostenedores externos, es decir, los Estados Unidos–, lo cual lo reafirma al terminar sus “habladurías escritas”: “Temo que la ligereza con que se ha tratado esta historia sea apenas el preaviso de lo que nos espera si se constituye la tan mentada comisión de la verdad. Y lejos de tener una mayor claridad sobre qué pasó en estas difíciles décadas de guerra, terminemos ahogados en acusaciones sin fundamento. Y de ser así, que no cese la horrible noche” 6.

Claro, lo que le asusta a los dueños de Colombia –de los que Cuéllar se presenta como uno de sus voceros– es que se sepa la verdad de la responsabilidad directa de industriales, grandes comerciantes, bancos, terratenientes, periodistas y dueños de medios de comunicación, empresas multinacionales, de los máximos responsable del Estado durante los últimos 70 años y, por supuesto, de los Estados Unidos, en el patrocinio del terrorismo de Estado, con sus múltiples crímenes. Para el “riguroso” columnista Cuéllar deben ser acusaciones sin fundamento los 5.000 asesinatos de los “falsos positivos” durante los gobiernos de Álvaro Uribe Vélez, el patrocinio de la Chiquita Brands a los paramilitares en el Urabá (que mataron a miles de personas) y por lo cual esa empresa fue sancionada en Estados Unidos con 25 millones de dólares de multa, los desaparecidos del Palacio de Justicia, el bombardeo a Santo Domingo (Arauca) en 1998, cuando fueron masacrados 17 personas, por bombas que fueron lanzadas desde aviones de la FAC y con participación directa de mercenarios de los Estados Unidos, las torturas generalizadas durante el gobierno de Julio César Turbay Ayala… y miles de acontecimientos similares, propios del Terrorismo de Estado a la colombiana. Estas son las “verdades sin fundamento” que aterran al señor Alfonso Cuéllar y él, con su enorme rigor informativo, no quiere que se conozcan.

NOTAS

1. Alfonso Cuéllar, Más rigor, por favor, disponible en http://www.semana.com/opinion/articulo/alfonsocuellar-mas-rigor-por-favor/427074-3

2. Alfonso Cuéllar, loc. cit.

3. Ver Anna Kucia, The Complex Relationship Between Private Military and Security Companies and the Security of Civilians: Insights from Colombia. Disponible en

http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCEQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.havenscenter.org%2Ffiles%2FKucia%2520PS%2520draft_0.doc&ei=9otPVZbUO8aXNtKJgbAC&usg=AFQj CNHiEtDrESc5b5s6sG3Cu-1FQCtP6Q&bvm=bv.92885102,d.eXY

4. Adriaan Alsema, How I helped a pseudo-scholar spread anti-American propaganda, disponible en http://colombiareports.co/how-i-helped-a-pseudo-scholar-spread-anti-american-propaganda/

5. Alfonso Cuéllar, loc. cit. (Énfasis mío).

6. Alfonso Cuéllar, loc cit.  

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Colombia y el momento constituyente

Por: Hubert Ballesteros Gómez 

Una constitución es un pacto social fundado por el poder constituyente primario. Para que sea legítimo, en esté deben converger los diferentes sectores de la sociedad, dando lugar a un acuerdo que permite la coexistencia de ellos; en él fijan sus aspiraciones económicas, políticas, sociales y culturales y se establecen mecanismos para que los derechos plasmados en dicha constitución sean garantizados a los ciudadanos.

Colombia es de los pocos países del hemisferio occidental que aún no termina de constituirse como nación y como república. Ha pasado de un siglo a otro sin resolver sus contradicciones fundamentales: Del siglo XVIII al siglo XIX pasamos buscando nuestra libertad de la opresión española; del siglo XIX al siglo XX en una guerra civil denominada de los mil días y del siglo XX al siglo XXI tratando de resolver un conflicto social armado con más de cincuenta años de duración y con hondas raíces económicas, políticas y sociales.

La tradición constitucional nos enseña que éstas existen precisamente para dotar a la nación de instrumentos políticos y jurídicos que permitan prevenir y resolver todos estos conflictos. Hoy cuando de nuevo nos aprestamos a que este largo conflicto se resuelva mediante una solución política dialogada, los cambios constitucionales se convierten en un imperativo ético y político.

Podrán algunos argumentar, que una Constitución que no cumple un cuarto de siglo es aún muy joven y en eso pueden tener razón, pero no debemos olvidar que esta constitución tiene un corazón socialdemócrata que mira hacia la izquierda en cuanto al enunciado de los derechos, pero un bolsillo dirigido hacia los intereses de la derecha haciéndola profundamente neoliberal. Situación agravada por el hecho de haber sido reformada cerca de setenta y cinco veces en los últimos veinte años mediante actos legislativos con los cuales se ha afianzado este modelo económico.

La necesidad de una Asamblea Constituyente que nos provea de un nuevo pacto social, no resulta exclusivamente de los diálogos de paz que se realizan en la Habana; deviene de la crisis económica, política, social e institucional que tiene a nuestro país como un Estado inviable. Crisis estructural que se profundiza día a día y que los paliativos del gobierno no logra conjurar.

Un país con un conflicto social armado de más de cincuenta años que el gobierno quiere resolver sin realizar cambios que permitan remover sus causas no podrá alcanzar la paz; por el contrario, la pobreza la corrupción administrativa, la falta de inclusión política, el marginamiento social, la violencia de todo tipo y unas instituciones incapaces de responder a las expectativas de los ciudadanos en salud, educación, empleo, vivienda, seguridad etc., agregarán permanentemente nuevos elementos causales al conflicto.

En los últimos doce (12) años, el establecimiento ha pretendido hacernos creer que es posible acabar con el conflicto social y armado sin generar los cambios económicos, políticos e institucionales requeridos para lograrlo, para ello, emprendieron la guerra total en los ocho años del gobierno Uribe y ante el fracaso de la estrategia de guerra, la oligarquía decidió emprender un diálogo de paz con la insurgencia de las FARC-EP, que a pesar de los obstáculos aún continua, y con el cual, el establecimiento pretende obtener un sometimiento de las guerrillas sin generar cambios en el modelo económico y el sistema político.

En el reciente pasado fuimos testigos de un fracasado proceso de sometimiento a la justicia de los grupos paramilitares que posterior a la extradición de sus jefes mutaron en cientos de pequeñas bandas que ejercen hoy el control sobre la economía ilegal del narcotráfico y sobre buena parte de la economía legal mediante el cobro de vacunas a cuanta actividad económica se desarrolla en muchas ciudades del país.

Pero el conflicto social armado, la violencia social y narco-paramilitar nos son los únicos problemas que enfrentamos los colombianos. Podemos decir sin equivocarnos que la crisis es mucho más profunda de lo que se cree y toca todos los estamentos del sistema.

La oligarquía que gobierna este país en beneficio del sistema financiero y las empresas transnacionales, maquilla las cifras sobre desempleo, ingresos y pobreza tratando de mantener una gobernabilidad que cada vez es más precaria.

La mercantilización de la salud, la educación, la seguridad social y todos los servicios que debería prestar el Estado, la crisis en la justicia, la pérdida de credibilidad en los partidos políticos, el congreso, los órganos de control y las fuerzas armadas y de policía han conducido a un estado de descontento y movilización social permanente.

Son muchos los espacios creados por fuera de la institucionalidad que hoy no solo discuten la problemática del país sino que además buscan resolverla. En muchos de ellos el Estado ha sido remplazado de hecho en temas como seguridad, legislación, medio ambiente, convivencia, reforma agraria, reforma urbana, justicia y otros de similar importancia.

¿Cómo explicar que después de la expedición de una nueva constitución (1991) en donde se exponen ampliamente los DD.HH., de primera, segunda y tercera generación se desate la más feroz persecución contra la oposición política y se entre de lleno a privatizar sin ninguna consideración los bienes y servicios públicos que estaban bajo la responsabilidad del Estado?

Lo que debería haberse logrado con la Constitución del 91, aún está por hacerse. La democracia participativa, la garantía de la aplicación de los Derechos Humanos, el desarrollo económico y social de las mayorías, el ordenamiento territorial, la descentralización política y administrativa con garantía de recursos, la protección del medio ambiente, el reconocimiento de los derechos de la mujer y la paz, son objetivos de toda sociedad que en nuestro caso están por alcanzarse.

Como podemos ver los resultados que se previeron o se soñaron no se han cumplido y están sufriendo constantes reveses.

Ante la falta de voluntad de la clase dirigente, para implementar los cambios, aparece, como reacción lógica la resistencia al ejercicio abusivo del poder, bajo formas pacíficas o violentas, que adquieren mayor grado de profundidad de acuerdo con las herramientas represivas que se utilicen o con el grado de conciencia desarrollado en el seno de la sociedad.

Este conjunto de situaciones problemáticas sumadas a las diversas formas de resistencia y descontento que se presentan en diversos sectores de la sociedad y que han llevado al desconocimiento del Estado y sus instituciones, configuran, sin lugar a dudas, un MOMENTO CONSTITUYENTE. Se nota en muchas regiones y sectores sociales del país que la nación está tratando aún de constituirse, que las viejas formas del régimen político Liberal-Conservador que excluyen a las mayorías y el modelo económico generador de pobreza y explotación ya no son aceptados y se hace necesario reconstruir nuestra nación sobre bases nuevas.

Esas nuevas bases, por supuesto, no vendrán del poder constituido pues éste representa una minoría oligárquica y parásita que desea mantener el estatus quo en favor del cual legisla y ejecuta normas que solo favorecen sus propios intereses y los del capital transnacional.

Solo del poder constituyente primario podrán venir los cambios que nuestro pacto social requiere para superar la crisis que padecemos desde nuestra constitución como república en 1819.

Desatar ese poder constituyente para que se convierta en fuerza arrolladora debe ser una tarea de todos los demócratas y amantes de la paz. Urge avanzar en un proceso constituyente que comprometa todos los sectores y regiones de nuestro país, que discuta y apruebe el contenido de ese pacto social que nos funde y nos presente ante el mundo como una nación soberana, democrática y con justicia social. Una sociedad donde se erradiquen todas las discriminaciones, se destierren todas las formas de violencia contra la oposición y donde la paz sea, en verdad, el bien más preciado de todos los ciudadanos.

Necesitamos conformar ese grupo o movimiento de personas que pueda desatar ese poder. La mayoría de las anteriores reformas constitucionales fueron convocadas y realizadas por las élites políticas para favorecer intereses de una minoría, salvo la constituyente del 91 que fue impulsada por algunos sectores sociales y en cuya asamblea se permitió una tibia representación de sectores no oligárquicos; pero la nueva Constitución, debe ser el resultado de la más amplia participación popular y corresponde al pueblo lograr su convocatoria.

Si el presente es de lucha, el futuro será socialista.

Hubert Ballesteros Gómez 
Prisionero Político. Cárcel Nacional la Picota, Pabellón de Alta Seguridad 
Bogotá D.C., mayo, 2015

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Mural: En tiempos de paz la prisión no es la solución

Este 1 de Mayo del presente año, la Fundación de Solidaridad y Defensa con la Población Carcelaria de Colombia “Juan David Pineda Cardona” participó en la movilización nacional e internacional conmemorando el día del trabajo. Saludamos a todas las expresiones organizativas que se hicieron presentes en este día y las convocamos por medio de nuestra fundación ha avanzar en espacios  de unidad y trabajo popular en aras de construir la anhelada paz con justicia social.

Mural a 500 metros de la cárcel Villa Josefina, Manizales, Caldas. Abril de 2015

De igual manera celebramos nuestra participación en el 2º Encuentro Nacional e Internacional  por la Libertad y el Trato Digno de las y los Prisioneros Políticos “Larga Vida a las Mariposas”, realizado en la ciudad de Bogotá D.C el pasado 20, 21 y 22 de Marzo, donde asistimos con el ánimo de consolidar nuestra labor por la defensa y solidaridad con la población carcelaria. Por eso, compartimos el entusiasmo que significa crear un capítulo de la Fundación “Juan David Pineda Cardona” en el departamento de Caldas, con miras a fortalecer la dignificación de la población carcelaria y exigir la libertad de los y las prisioneras políticas.

Reconocemos que en nuestro país existe un conflicto económico, político, social, debido a las agudas contradicciones que se dan entre la clase dominante y las clases marginadas; estas relaciones antagónicas despliegan acciones armadas que van orientadas a la toma del poder en aras de transformar el modelo económico, político, social y cultural imperante.

La existencia de las guerrillas ha sido uno de los muchos factores determinantes en la configuración de la sociedad Colombiana en la actualidad FARC - EP y ELN, estas insurgencias han desplegado acciones políticas y militares en todo el territorio nacional por más de 50 años, ejerciendo el derecho universal a la resistencia y a la rebelión, rebelándose contra la tiranía, la injusticia, la miseria y la opresión impuesta por la clase dominante en el poder, utilizando el método represivo del terrorismo de Estado.

A lo largo de éste conflicto armado se han presentado capturas de guerra, las cuales según el DIH (Derecho Internacional Humanitario) son Prisioneros de guerra de las partes confrontadas.  En éste contexto las fuerzas armadas en su afán de dar una buena imagen frente a la población en su lucha “contrainsurgente” han incurrido en violaciones masivas de Derechos Humanos, tales como: ejecuciones extrajudiciales o mal llamados “falsos positivos”, qué en realidad no son más que una práctica sistemática y criminal, montajes judiciales, capturas masivas etc.

Entendemos la necesidad de una salida política negociada al conflicto armado, entre las FARC – EP, y el Estado Colombiano y para ello es imprescindible el Cese al Fuego Bilateral, de igual manera concretar acuerdos con el ELN para poder superar la agudización del conflicto armado que vive la sociedad Colombiana. Por eso es  urgente crear espacios de participación ciudadana, donde el pueblo ejerciendo su rol de constituyente primario pueda llegar a una Asamblea Nacional Constituyente que  reformule la Constitución Política de 1991, en aras de superar el estado actual de miseria, la profunda desigualdad social y la crisis económica. Generando así condiciones de distribución equitativa de la riqueza, de una reforma agraria integral, empleos dignos, educación pública de calidad, salud integral de acceso universal, entre otros temas que deben ser decretados por el pueblo donde primen el conjunto de intereses de la población sobre el constituyente secundario que en este caso es el congreso de la república.

En este contexto la Asamblea Nacional Constituyente debe analizar algunos temas referentes al delito político,  la amnistía, el indulto, la repatriación, el cese al fuego bilateral y particularmente la situación de vulnerabilidad a los derechos humanos que se presentan en diferentes cárceles del país. 

Respaldamos la iniciativa del Movimiento Nacional Carcelario (MNC) y las actividades nacionales definidas para consolidar la Constituyente Nacional Carcelaria, permitiendo dar trato digno y humano a dicha población e insistimos en la importancia de llegar a una Asamblea Nacional Constituyente.  

Así pues, como equipo de trabajo de la Fundación de Solidaridad y Defensa con la Población Carcelaria de Colombia “Juan David Pineda Cardona” hemos venido participando en la “Coalición Larga Vida a las Mariposas” en la región noroccidental. Importante labor la que nos convoca al trabajar por defender los derechos humanos de esta población, por eso “en tiempos de paz, la prisión, no es la solución” exigimos la libertad de todxs lxs prisionerxs políticxs.

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Informe: Tortura y tratos crueles en prisiones colombianas

Este informe es resultado del 2o Encuentro Nacional e Internacional “Larga Vida a Mariposas” por la libertad y el trato digno de las y los prisioneros políticos en Colombia, realizado en la ciudad de Bogotá por la Coalición Larga Vida a las Mariposas los días 20, 21 y 22 de marzo de 2015, en el cual se presentaron casos e informes sobre la situación de las personas privadas de la libertad, especialmente de las y los prisioneros políticos.

El presente informe pretende enterar al Comité de Naciones Unidas contra la Tortura sobre la situación de las personas privadas de la libertad en Colombia, que padecen una sistemática y flagrante violación de las obligaciones internacionales por parte del Estado Colombiano, específicamente aquellas definidas en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y en la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanas o Degradantes.

Abordaremos, en primer lugar, la tortuosa situación que en general padece la población reclusa colombiana, como consecuencia del fracaso del nuevo modelo de prisiones impuesto desde 1999 y de una política criminal basada en la seguridad y carente del enfoque de derechos humanos, que arrasa con la dignidad humana e incluso somete a las personas privadas de la libertad a situaciones de tortura y tratos crueles e inhumanos.

Presentaremos algunos casos de prisioneros víctimas de abuso de poder y tortura, y sugeriremos Comité de Naciones Unidas contra la Tortura algunas recomendaciones al Estado Colombiano sobre posibles soluciones a la problemáticas que se están vislumbrando.

Leer Informe:

https://drive.google.com/file/d/0B35LI5k39CubVzlMZzdiVGtXX2M/view

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Coalición Larga Vida a las Mariposas Regional Noroccidente se solidariza con el Movimiento Nacional Carcelario

Coherente con la esencia de nuestra organización, tanto a nivel nacional como regional, la CLVM eleva su voz solidaria y de hecho se compromete a trabajar arduamente para que las justas exigencias del Movimiento Nacional Carcelario, presentadas al gobierno central, sean resueltas a su favor y de esta forma se garanticen los derechos fundamentales constitucionales de la población carcelaria de Colombia y dentro de ésta la de aquellos hombres y mujeres que tienen la calidad de prisioneros políticos y de guerra.

Llamamos la atención sobre dos importantes pronunciamientos de la Corte Constitucional, que aunque cuestionada tiene la obligación suprema de ser garante de la Carta Política y de paso la observancia estricta de los derechos que tienen especialmente los grupos humanos en condiciones de vulnerabilidad, como en este caso quienes están privados de la libertad.

La primera sentencia data del año 1998, se trató de la T-153 donde se advirtió que frente a la población carcelaria de Colombia estábamos frente a un “estado de cosas inconstitucional”. Lo anterior quiere decir que de forma ostensible se desconocían garantías que el Estado Colombiano ya estaba obligado frente a la comunidad internacional, con la firma de diversos tratados internacionales que como bien se sabe, están incorporados a nuestra legislación.

La segunda sentencia, 17 años después, sin que nada efectivo haya hecho el Estado Colombiano para garantizar unos mínimos de derechos, la Corte Constitucional fija plazos de días y de semanas para que comiencen a verse las acciones efectivas y eficaces en favor de los miles de hombres y mujeres que viven en claras y aberrantes condiciones de indignidad.

En un fallo de 616 páginas, los magistrados María Victoria Calle, Mauricio González y Luis Guillermo Guerrero examinaron la situación carcelaria del país desde 1997 y advirtieron que el actual sistema penitenciario es “indigno, cruel e inhumano”

Los magistrados examinaron nueve tutelas presentadas por internos de las cárceles de la Tramacúa, de Valledupar; la de Cúcuta (Cocuc); la Modelo, de Bogotá; Bellavista, de Medellín; San Isidro, de Popayán, y la de Barrancabermeja, en las que se denunciaban las precarias condiciones de higiene, hacinamiento y salubridad a las que eran sometidos los internos de esos penales.

En el fallo se da la razón a los reclamos de los internos y se advierte que la situación carcelaria es tan grave que no aguanta más aplazamientos, por lo que la Corte le fija al Gobierno plazos perentorios de días y semanas para que empiece a aliviar la situación de los internos.

“El someter a las personas privadas de la libertad a condiciones de reclusión indignas y violatorias de los derechos fundamentales más básicos es una conducta proscrita del Estado social y democrático de derecho”, se lee en el fallo.

El Tribunal considera que el primer problema que el Gobierno debe enfrentar “de manera inmediata y con urgencia” es el hacinamiento. “Si no se supera, difícilmente se podrán hacer avances importantes, eficientes y sostenibles en cualquier otra área”, señala el Tribunal.

Igualmente señala que el hacinamiento no solo se combate haciendo más cárceles sino garantizando que sean liberados los internos que ya tienen acceso a ese derecho “por su edad, porque sufren una grave enfermedad terminal o porque su solicitud de libertad justificada no ha sido tramitada por el respectivo juez de ejecución de penas”.

En la decisión, el Tribunal cuestiona el “populismo penal” que llevó al incremento de las penas y la aparición de nuevos tipos penales cuyo único castigo es la cárcel. “Las autoridades de las tres ramas del poder público se acostumbraron a autorizar la reclusión de personas en mazmorras indignas para cualquier ser humano y que desdicen de la sociedad y las instituciones oficiales que, por acción o por omisión, las permiten, a pesar de saber el impacto tan nefasto que puede conllevar la cárcel para una persona e, incluso, para quienes tienen que convivir con esta realidad en su situación de guardianes o familiares y allegados de las personas en prisión”, señaló la Corte.

Lo anteriormente tomado de la referida sentencia, no hace más que reafirmar la justeza de las exigencias del Movimiento Nacional Carcelario.

Urge que la comunidad, sus organizaciones, movimientos y partidos políticos se unan para gritar muy fuerte y para actuar de múltiples formas a fin de ponerle fin a una situación que algunos han dado en llamar “crisis carcelaria” pero que no es otra cosa que la política criminal del Estado Colombiano que está fundada en el desconocimiento grave de los más elementales derechos.

No está actuando en la dirección correcta el Estado Colombiano, en cabeza del Ministerio de Justicia, del INPEC, del Congreso y de los entes de control, cuando arremeten de esta forma brutal contra una franja poblacional vulnerable, máxime cuando se avanza en conversaciones con la insurgencia colombiana donde se aspira poner fin a la confrontación social y armada que pervive por más de cinco décadas.

Las personas privadas de la libertad tienen muchas cosas que decir y no pueden ser ignoradas de una forma calculada y con una gran carga de odio de clase. Lo anterior es mucho más cierto cuando se sabe que en Colombia hay varios miles de hombres y mujeres que están privados de la libertad por ejercer el derecho a la Rebelión.

¡Que viva el Movimiento Nacional Carcelario!

¡Que vivan sus justas exigencias!

¡Toda la solidaridad con la población carcelaria de Colombia!

¡Los presos sociales y los prisioneros políticos tienen derechos. No son personas de segunda o tercera clase!

¡Abajo la política criminal del Estado Colombiano!

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Plantón de respaldo al Movimiento Nacional Carcelario

La Fundación de Solidaridad y Defensa con la Población Carcelaria "Juan David Pineda Cardona" y la Coalición Nacional e Internacional Larga Vida a las mariposas, Regional Noroccidente, convoca a un plantón de respaldo con las jornadas de desobediencia y protesta carcelaria que desde el 20 de abril el Movimiento Nacional Carcelario viene adelantando en todo el país.

Lugar: Palacio de Justicia de Pereira

Fecha: Jueves, 23 de abril

Hora: 9:00 AM

"Nos cosimos la boca para gritar dignidad"

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