Desde el inicio de las conversaciones las FARC-EP hemos venido
exponiendo al país, la grave crisis humanitaria que enfrentan los
prisioneros políticos en Colombia, y planteando alternativas para su
liberación, dentro de lo contemplado en el punto 3.3 del Acuerdo General
de la Habana. Habiendo avanzado en extensos
debates y en importantes acuerdos parciales que nos permiten avizorar
la anhelada paz, hoy es claro que la libertad de todos los procesados y
condenados por motivos políticos será pieza angular para el fin del
conflicto.
En recientes declaraciones el Fiscal General de la Nación, propone
sustituir las medidas privativas de libertad, con beneficio de
excarcelación, para los condenados y procesados por hechos del
conflicto, no solamente para los casos en que padezcan problemas de
salud, indicando que existen vías en el ordenamiento jurídico, para ello
incluso antes de la firma del Acuerdo Final de Paz. En palabras del
Fiscal, estas personas podrían quedar a disposición de la justicia con
la obligación de permanecer en ciertos lugares del territorio.
Reconocemos la intención del Fiscal de ponerse a tono con el proceso
de paz y con los acuerdos del Estado colombiano de desescalamiento del
conflicto, aunque aun persistan acciones en contravía de estos fines
como el anuncio en días anteriores del vicefiscal Perdomo de 1500 nuevas
investigaciones penales contra civiles pretendiendo procesarlos por
delitos políticos.
La liberación de los 30 indultados, así como la ejecución efectiva de
las medidas propuestas por la Fiscalía, se configuran como un primer
paso fundamental hacia la resolución de la problemática de los
prisioneros políticos. Pero para que este proceso sea pleno, se requiere
de la integración al bloque de constitucionalidad del Acuerdo del
SIVJRNR y el rápido trámite de la normatización de la amnistía y el
indulto consecuente a lo firmado, que permita la liberación y
excarcelación de quienes hayan sido procesados por hacer uso del derecho
a la rebelión o en ejercicio del legítimo derecho a la protesta social,
así como medidas equivalentes para agentes del Estado.
Entre tanto y dentro de las posibilidades actuales para llevar el
acordado desescalamiento del conflicto al terreno jurídico, queda en
manos de la Presidencia de la República la aprobación de nuevos
indultos; y en potestad de la autoridad del Fiscal General está la
extinción de la responsabilidad penal para los miles de condenados y
procesados por delitos políticos y de protesta social, así como la
inhibición de la Fiscalía para nuevas investigaciones penales por
rebelión y hechos del conflicto armado, incluyendo el fin de la
expedición de más órdenes de captura derivadas de estos procesos; todo
ello sustentado en el notorio desarrollo del proceso de diálogos y los
incontrovertibles gestos de paz de las FARC-EP.
DELEGACIÓN DE PAZ DE LAS FARC-EP
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